El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se produce después de que el propio Valero se querellara contra Ruiz, una vez que la Fiscalía de Granada archivó la denuncia que interpuso atribuyen supuestas irregularidades al alcalde en la gestión de un proyecto de remodelación de una calle de la localidad realizado con cargo a los fondos del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) por valor de 135.000 euros.

Así, la titular del Juzgado, la magistrada Mª Ángeles Jiménez Muñoz, ha decidido abrir juicio oral, que corresponde a un Juzgado de lo Penal, pese a que la Fiscalía instó el sobreseimiento provisional de las actuaciones ante lo que considera ausencia de indicios de delito.

La acusación particular, que representa al alcalde, atribuye a Ruiz un delito de denuncia falsa, por el que solicita para él un año de prisión y multa de 5.400 euros, y la suspensión de empleo o cargo público durante el periodo de la condena. Además, si se apreciase un delito de calumnia, pide multa de 3.000 euros y, en el caso de que se contemple injurias, 1.800 euros de multa. Además, a esto habría que sumar otros 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil para Valero.

Fue el pasado 17 de septiembre de 2010 cuando la Fiscalía de Granada recibió una denuncia presentada por Ruiz contra Valero, al que se le atribuían irregularidades en la gestión del proyecto de remodelación de la calle.

En el escrito remitido al fiscal por el PSOE se relataba que en noviembre de 2009 el equipo de gobierno local presentó ante la Junta de Andalucía la cuarta y última certificación de la obra de remodelación de la calle Habana, confirmando así la finalización de los trabajos.

Meses después, el 25 de mayo de 2010, el alcalde, Vicente Valero, firmó la justificación del gasto de la subvención empleada, aunque "el asfaltado del tramo mencionado en el punto segundo —del proyecto— no se había realizado".

Según la denuncia interpuesta, el asfaltado no se realizó hasta el 31 de mayo de 2010, esto es, seis meses después de que se dieran por concluidas las obras, lo que a juicio de Ruiz podía ser constitutivo de un posible delito de falsedad documental y prevaricación.

Sin embargo, el Ministerio Público archivó la investigación abierta, concluyendo que la prórroga de la obra fue notificada al portavoz socialista, por lo que resultaba "difícilmente comprensible" que hable de la cuarta y última certificación, "hecho que no se corresponde con la realidad", según el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras el carpetazo a la investigación, el alcalde anunció que se querellaría contra el portavoz por denuncia falsa, lo que motivó la apertura de diligencias previas, y ahora de juicio oral, para el que aún no se ha fijado fecha.