El presidente de la Generalitat valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, cumple este viernes un año desde que fue designado jefe del Consell y del partido, a propuesta de su predecesor, Francisco Camps, que dimitió ese mismo día presionado por el denominado 'caso de los trajes' de la 'trama Gürtel', del que, finalmente, fue absuleto por un jurado.

Fabra fue elegido presidente del partido por aclamación, tras ser propuesto por Camps, quien también decidió que el entonces alcalde de Castellón le sucedería al frente del Gobierno valenciano. Así, el 28 de julio tomó posesión en las Corts y se convirtió en el quinto presidente de la Generalitat valenciana.

Durante los últimos 12 meses la gestión de Alberto Fabra ha estado marcada por los diversos recortes que ha aplicado para poder cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central —lo que ha originado constantes protestas ciudadanas—, así como por un discurso contra la corrupción, aunque sigue manteniendo en las filas de su partido a varios imputados o implicados en diversos casos.

Fabra, desde sus inicios al frente del Consell, se ha mostrado partidario de limpiar las instituciones de personas salpicadas por procedimientos judiciales y tanto él como sus consellers han insistido una y otra vez en la "tolerancia cero" hacia la corrupción.

En esta línea, el jefe del Consell aseguró sentir "sonrojo" al escuchar algunas grabaciones que se reprodujeron en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cuando se celebraba el juicio de la 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' contra el expresidente regional Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.

También dijo que le producían "vergüenza" las informaciones que se iban publicando sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), que se investigan en el denominado 'caso Emarsa'.

De hecho, Fabra forzó la dimisión del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y del secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, como consecuencia de su imputación en el 'caso Nóos'. Además, cesó al director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, y al subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, implicados en el llamado 'Caso de cooperación', que investiga sobre las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones.

Imputados en las corts

En esta línea, quitó las competencias de la Portavocía del PP en las Corts al síndic y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, que no está imputado por el 'caso de cooperación' pero sobre quien la juez de la causa considera que participó de los beneficios "ilícitos" de la trama—, para entregárselas al viceportavoz, Rafael Maluenda. No obstante, Blasco continúa ocupando formalmente el sillón de portavoz y a la espera de la evolución del proceso en los tribunales.

Asimismo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, permanece en el consistorio y mantiene su escaño en las Corts, pese a que el juez que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, haya pedido su imputación y la de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.

Recortes y austeridad

Por otro lado, en la gestión de Fabra han ocupado un lugar importante las diversas medidas de austeridad. Así, el pasado 5 de enero el Consell anunció el primer gran paquete de recortes que contemplaba, entre otros, la subida de determinados impuestos y ajustes a empleados públicos.

Más tarde, en abril, la Generalitat presentó su plan de reequilibrio que prevé un ahorro de más de 2.000 millones con un cambio en el modelo sanitario —extendiendo la iniciativa privada en los hospitales—; aumentando las ratios en las aulas y el horario lectivos de los docentes; incrementando las tasas universitarias, o vendiendo inmuebles públicos, entre otras iniciativas.

El jefe del Consell también se ha centrado en la reducción del sector público empresarial y fundacional, que ha disminuido de 66 entidades a 18. Está previsto que durante el mes de septiembre se complete la preparación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) relativos al sector público empresarial y que se ejecuten en septiembre. Especialmente significativo es el ERE que se aplicará en Radio Televisión Valenciana (RTVV), que podría afectar hasta a 1.295 trabajadores, de forma que la plantilla se reduciría a 400 empleados.

Mantiene a ocho de los diez consellers de camps

Fabra mantiene a ocho de los diez consellers que nombró Camps tras las últimas elecciones. Así, solo han salido del Consell la que fue vicepresidenta, Paula Sánchez de León, para asumir el cargo de delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y Enrique Verdeguer, que dejó el departamento de Economía para ocupar la Presidencia de Adif. Los consellers nombrados por el actual presidente son María José Català y Máximo Buch mientras José Císcar se convirtió en el rostro del Gobierno valenciano al ascender a vicepresidente y portavoz.

A nivel de partido, Fabra, que fue reelegido presidente del PPCV el pasado mes de mayo, sustituyó a Antonio Clemente por Serafín Castellano en la Secretaría General de los 'populares' valencianos, lo que provocó posturas encontradas en algunos cargos del partido, como el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco han sido todo coincidencias. El último motivo de debate ha sido la propuesta de Fabra de cambiar a lunes la festividad del 19 de marzo, día de San José y de la 'Cremà' de las Fallas.

En Alicante José Císcar ha sustituido a Miguel Ortiz en la Presidencia del PP provincial, mientras que Javier Moliner ocupa el puesto de Carlos Fabra en Castellón. Alfonso Rus, por su parte, permanece como el 'barón' provincial en Valencia.