El concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Sosa, ha criticado que en la ciudad se están llevando a cabo desahucios a personas "sin recursos" y que "no puede pagar" en lugar de a "antisociales", como "traficantes de armas" o "traficantes de drogas".

Sosa ha calificado de "razonable, sensato y necesario" y ha compartido que se "quite una vivienda pública" a un "antisocial", pero ha lamentado que "a rebufo de todo eso se esté echando a gente simplemente por carecer de recursos económicos" y "sin tener ninguna vinculación con delitos" como el tráfico de armas o de drogas.

"Ni un sólo traficante de drogas ni de armas ha sido desalojado, ha sido desahuciado" y "nada más que hay que ir a Colorines y ver que no han desalojado a nadie, en la barriada de Suerte de Saavedra de los que pegan los tiros no han desalojado a nadie" y "en 'Las ochocientas' o el Gurugú tampoco han desalojado a nadie de estos antisociales", ha aseverado en relación a estas barriadas de Badajoz.

En rueda de prensa ha agregado que el próximo día 26 se debatirá en el Parlamento de Extremadura una propuesta "conjunta" de PSOE e IU para "paralizar los desahucios que se realizan por parte de la Junta de Extremadura" y ha matizado que, como lo firman ambos grupos parlamentarios, "hay mayoría absoluta suficiente para frenar esta barbarie que se está produciendo".

Al respecto también ha anunciado que una plataforma creada en la ciudad pacense por desahuciados y personas que viven en barriadas afectadas por estos desalojos se concentrará ese mismo día a partir de las 10,00 horas frente a la delegación de Fomento en Badajoz en protesta por estos desahucios y dado que "no" tienen recursos para trasladarse a la sede del Parlamento de Extremadura, en Mérida.

Asimismo, ha abogado por la puesta en marcha de políticas sociales "que no está haciendo ni" la Junta "ni" el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) debido, a su juicio, a la "falta de las directrices políticas que se toman" desde la dirección del IMSS y de la Consejería de Salud y Política Social. Además, ha preguntado al consejero del área, Luis Alfonso Hernández Carrón, cuántos desahucios se han desarrollado hasta el momento a personas "antisociales".

En este sentido, ha matizado que en la región se han registrado 1.300 desahucios y que hay 90 más "previstos".

Caso particular

En su intervención, el edil izquierdista ha puesto como ejemplo el caso de Elvira Ferrera, a la cual una trabajadora social del IMSS le ofreció mediante un "acuerdo social" en 1989 que cuidase a una anciana que vivía en una vivienda social en Badajoz "a cambio de gestionar" que pudiese ser titular del alquiler de esta casa posteriormente, pero que ha sido desahuciada el pasado día 4.

Sosa ha sumado que la trabajadora social "no está" y que el mencionado acuerdo "ha desaparecido" y es "papel mojado", mientras que Ferrera ha explicado que en 2004 quiso cambiar el contrato de esta vivienda a su nombre pero que al mismo tiempo su casa se quemó y pidió ayuda al Ejecutivo autonómico para que su arreglo.

Ha añadido que desde la Junta no la consideraban adjudicataria de dicho alquiler y que la desahuciaron, proceso que ha "prolongado" ocho años con recursos hasta el pasado día 4.

Desde entonces, ha lamentado, vive en una tienda de campaña en una plaza de la avenida del Sol, en 'Las Ochocientas', con su marido, que recientemente ha sido contratado por seis meses con un sueldo de 500 euros mensuales, mientras que uno de sus hijos está independizado y los otros dos viven con su madre, que también vive en la zona en una casa de pequeño tamaño.

Elvira ha indicado finalmente que recibe la ayuda de los vecinos y que "no" es "problemática" sino "pobre" y ha trasladado al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, que debe "defender los derechos de todos los extremeños" y que todos tienen "derecho a una vivienda digna".