El Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid ha condenado al Sacyl al abono de 30.093 Euros a los padres de una menor por el tratamiento de hormona de crecimiento, según ha informado El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han tramitado el caso.

La menor, nacida el 30 de noviembre de 1999, presentó problemas de crecimiento desde el principio, por los que recibe tratamiento por el Departamento de Endocrinología del Hospital Clínico Univeristario de Valladolid.

A pesar de la insistencia del médico asistencial solicitando el protocolo de la hormona al comité asesor, éste denegó el tratamiento y viendo al necesidad del mismo, el médico asistencial lo prescribió cuando la menor contaba con diez años.

De inmediato comenzó a verse la eficacia del tratamiento. "De no haber administrado el tratamiento, se habría puesto en peligro su salud y su vida, pues es ampliamente conocido que el déficit de hormona de crecimiento puede causar secuelas muy graves en los pacientes", ha apuntado la Asociación.

De esta forma, "una vez más" se reconoce que el tratamiento prescrito, sin encontrarse excluido de la financiación por el sistema público de seguridad social, y obedeciendo su prescripción a los criterios esenciales sobre el uso racional de este tipo de prestaciones sanitarias, "debe ser cubierto por el sistema público de salud".

Esta sentencia, al igual que las anteriores establece que son los facultativos los que han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, y una vez prescritos, de acuerdo con los criterios de racionalidad, sin que esté excluida su financiación por el sistema público de seguridad social, "han de estar cubiertos por éste, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos".

La Asociación ha señalado que a pesar de las reiteradas sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sacyl "se opone al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y obliga a los padres de los pacientes a acudir los tribunales en defensa de sus intereses".

La defensa de la familia de la paciente ha sido llevada a cabo por el despacho del letrado Santiago Déz, adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente.