El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas eliminar la vigente prueba de acceso a las universidades públicas, la selectividad, para sustituirla por exámenes al final de cada ciclo educativo, al estilo de la antigua reválida.

Este proyecto, que el ministro José Ignacio Wert trasladó este miércoles a los consejeros regionales de Educación durante la conferencia sectorial celebrada en Madrid, un foro en el que también transmitió la intención del Gobierno de reformar los itinerarios hacia el Bachillerato y la Formación Profesional.

Según explicó Wert, la selectividad como tal "desaparecería" del sistema educativo con la reforma educativa emprendida por el PP. En su lugar, se impondrían "pruebas de evaluación de carácter externo" con contenidos comunes que permitiesen medir el progreso de los estudiantes de todo el Estado.

Estos exámenes se celebrarían al final de cada ciclo educativo como método para aumentar la evaluación continua. Además, respetarían la autonomía de las regiones en materia de Educación, ya que estas podrían incluir preguntas respecto a la parte de los temarios que les son propias. La superación de estos exámenes sería la condición indispensable para poder acceder a la educación universitaria.

El ministro negó que este cambio suponga la recuperación de la vieja reválida: "Una reválida es una especie de examen de todas las materias. La prueba de evaluación trata de establecer no de qué se acuerdan los alumnos, sino qué capacidades han desarrollado en base a lo que han estudiado". "No tiene nada que ver. Una reválida versa sobre el aprendizaje y una prueba de evaluación es sobre la comprensión", recalcó.

Wert añadió, sin embargo, que las universidades públicas podrán seguir haciendo individualmente exámenes propios de acceso para "seleccionar" a sus estudiantes, lo que abre la puerta a un doble trámite para aquellos que deseen hacer una carrera.

Andalucía, Cataluña, Canarias y País Vasco rechazaron de plano la idea este miércoles por considerar que los alumnos no pueden jugarse el pase al siguiente ciclo a una sola carta.

Educación justifica este cambio en el sistema en que los estudios realizados sobre los sistemas educativos de países europeos punteros en los informes sectoriales PISA como Holanda, Noruega o Bélgica concluyen que la evaluación continua produce efectos positivos en la formación del alumnado.

La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy es reforzar esa necesidad de que los estudiantes estén al día, algo que ya está en las bases de la actual ley educativa y que también se aplica en el Plan Bolonia implantado en las universidades.

Según el último informe PISA, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, España está en los puestos 33, 34 y 36, respectivamente, en competencias lectora, matemática y científica, con puntuaciones por debajo de la media de la Unión Europea. El próximo examen está previsto para 2015. Madrid, La Rioja y Castilla y León lideran las notas del PISA en España. Canarias, Baleares y Andalucía, comunidades que han vivido del turismo, la construcción o la industria agraria, permanecen a la cola.

"Los alumnos españoles no son incapaces, no son tontos y ni mucho menos son vagos", declaró Wert, que añadió que, tras la reforma, los alumnos se deberán esforzar más, lo que llevará a "resultados más positivos".

La propuesta de reforma educativa del Gobierno supondría, además de la supresión de la selectividad, una reducción del número de asignaturas y aumentar las horas de matemáticas, lengua, ciencias e idiomas.

También incluiría cambios sustanciales en los itinerarios de Bachillerato y Formación Profesional, de manera que los alumnos sean orientados desde el inicio de la Educación Secundaria, y de acuerdo a sus notas, hacia una u otra opción. Además, las CC AA podrían variar la oferta de plazas en FP dependiendo de las necesidades del mercado laboral de cada región.

Este es el punto más polémico, ya que las comunidades no gobernadas por el PP, como Andalucía, se oponen a un modelo que catalogan de "segregador" por generar, según su consejera, Mar Moreno, una educación de dos vías y no integradora. Ello, unido al recorte de 3.000 millones de euros en la financiación del sistema educativo y a la subida de los precios de las matrículas y las tasas educativas, llevan a Moreno a hablar de la vuelta "a un sistema de los años 60" donde las personas con menos recursos sean expulsadas a los márgenes del sistema.

José Ignacio Wert aseguró este lunes que existe un "amplio consenso" respecto a los problemas que lastran el sistema educativo (fracaso escolar, abandono temprano, falta de competitividad), sin embargo, solo las comunidades del PP se mostraron totalmente a favor de su propuesta.

Educación ha dado hasta septiembre a las autonomías para que aporten ideas, con vistas a la celebración de la próxima conferencia sectorial.