Uno de los más activos y "agresivos" en esta campaña de captación de fondos era el ex concejal de Transportes Victoriano Rodríguez, a quien la policía le privó de cobrar 300.000 euros de la Corporación Española de Transportes para ganar la concesión de explotación de la estación de autobuses de Marbella, al arrestarlo el mismo día que debía recibir el pago.
Un ejemplo de las prácticas de Rodríguez, es lo que le ocurrió a la empresa Automóviles Portillo, según contó al juez su gerente.
La compañía participó en un concurso público como única oferente, y ganó.
Sin embargo, Rodríguez exigió un extra de 390.000 euros por sobre el canon correspondiente, según El País.
El propio juez de instrucción, según declaraciones recogidas por ese diario, dijo que que el ex edil "exigía dinero de forma periódica para permitirle ejercer su actividad [a un empresario], a modo de impuesto revolucionario".
Ante las evidencias, Rodríguez justificó los 349.000 euros que le encontraron en una caja fuerte como "ahorros de toda la vida".
La ex teniente de alcalde Isabel García Marcos dio la misma justificación a una cantidad de dinero similar que le hallaron en una caja fuerte camuflada.
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