La Fiscalía ha modificado su escrito de acusación contra F.K., la mujer de 25 años de edad acusada de arrojar a su bebé recién nacida desde una azotea a más de 20 metros de altura en El Ejido (Almería), de manera que en sus conclusiones ha solicitado una pena de 12 años y seis meses de prisión contra la joven por un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad frente a los 20 años que solicitó en su escrito provisional, en el que también estimaba la agravante de parentesco y calificaba de asesinato.

Durante la sesión con jurado celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, el Ministerio Público ha sustituido su calificación de asesinato por la de homicidio del artículo 138 del Código Penal al considerar que en la actuación de la mujer no existió alevosía dada la condición de indefensión que presentaba la recién nacida, lo que sí le sirvió para aprovechar su superioridad a la hora de actuar.

La defensa, que solicitaba la libre absolución con alternativa de homicidio imprudente, se ha adherido y ha mostrado conformidad a la calificación definitiva de la fiscal, quien ha considerado la pena como la más ajustada a derecho a tenor de las pruebas y declaraciones atendidas en la vista oral, en la que la acusada se negó a declarar y en la que, en esta última sesión, se ha dirigido a la sala y ha dicho únicamente: "Solo pido a Dios que me perdone".

Según las conclusiones del Ministerio Público, la joven ocultó a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo el embarazo así como haber dado a luz sola en la azotea del edificio donde vivía con sus padres, desde donde arrojó a la bebé recién nacida, que nació viva y que falleció a consecuencia de las lesiones craneoencefálicas que sufrió como consecuencia del impacto.

Así, los informes periciales han mostrado que la joven, tras quedarse embarazada de un hombre que no era su expareja y cuya identidad no ha trascendido, acudió en varias ocasiones a un centro de salud para hacerse un test de embarazo —cuyos resultados no recogió— y para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, que no se pudo practicar dado que había sobrepasado el periodo legal para realizar dicha práctica.

La mujer ocultó su estado, de forma que vestía ropas anchas que tapaban su figura, si bien uno de los jefes del almacén en el que trabajaba sospechó de su embarazo, pese a que la joven lo negó en repetidas ocasiones alegando "problemas de estómago".

El día de los hechos, el 15 de marzo del pasado año, la mujer subió de madrugada a la azotea de su edificio y allí dio a luz a una niña, a la que cortó el cordón umbilical con sus propias manos. En este sentido, se hallaron restos de sangre de ambos perfiles genéticos en una manta y en el suelo, así como en combinación de ambos por el sumidero. No obstante, los peritos señalaron que el escenario se había modificado, al tratar de ocultar el rastro de sangre, ya que la mujer limpió el lugar antes de abandonarlo.

La Fiscalía sostiene que, según las pruebas psicológicas tomadas, la joven se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, de forma que arrojó a la bebé con la intención de acabar con su vida pese a que, en sede judicial tras su arresto, dijo que trataba de colocar a la bebé en la terraza vecina. La niña, que llegó a respirar durante varios minutos según el examen médico de los órganos, nació sana y no se le llegó a anudar el cordón, según han declarado los policías que la encontraron.

La defensa, que ha manifestado que en ningún momento se puso en duda el nacimiento y la muerte de la bebé, ha insistido en que la acusada no recuerda el momento del alumbramiento y los hechos posteriores hasta la vuelta a su casa, donde pidió a sus familiares que llamaran a una ambulancia dados los fuertes dolores abdominales que presentaba.