El PSdeG y el BNG alegarán contra la inadmisión de casi la mitad de las enmiendas que presentaron ambos grupos presentaron a la proposición de ley para la reforma del Valedor do Pobo. Concretamente, de las 57 enmiendas registradas (31 del PSdeG y 26 del BNG), no fueron admitidas a trámite 26 entre las dos formaciones.

Los propios populares, a través de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, explicaron que todavía está pendiente "un trámite" como consecuencia de la inadmisión a trámite de este número de enmiendas. Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que los grupos pueden alegar este rechazo, de forma que la Mesa de la Comisión deberá pronunciarse de nuevo, una vez oída la Xunta de Portavoces del Parlamento.

Así las cosas, los representantes de ambos grupos, Dolores Rodríguez Amoroso (PSdeG) y Alfredo Suárez Canal (BNG), confirmaron a Europa Press que, antes del miércoles (cuando se termina el plazo), presentarán sendos recursos para que se tengan en cuenta estas enmiendas que fueron rechazadas.

El informe que argumentaba la inadmisión de los textos mencionaba falta de "homogeneidad" con el texto, pero el propio PSdeG alega que, para la nueva Ley de Cajas se aceptaron enmiendas de los socialistas que tampoco lo eran y, sin embargo, fueron admitidas a trámite. De hecho, los socialistas se abstuvieron en la votación sobre las enmiendas en la Mesa de la Comisión Institucional, la que las tuvo que cualificar.

También Alfredo Suárez Canal ha advertido el hecho de que el propio grupo que ha presentado la proposición ha sido el que ha rechazado la admisión a trámite de las enmiendas. Así, espera que se reconsidere y que, finalmente, "sean recogidas".

Enmiendas rechazadas

La iniciativa para la modificación de la normativa fue impulsada por los populares, como cumplimiento de una propuesta de resolución aprobada en el último Debate sobre el Estado de la Autonomía y que tiene su eje central en reducir de cinco a dos los cargos en el alto comisionado, así como impulsar la vía telemática para la tramitación de quejas. Además, coincide con la situación de interinidad que vive esta institución desde que Benigno López dimitió por sus polémicas declaraciones sobre la Ley de la Dependencia y los recortes.

Así las cosas, quedan excluidas enmiendas del PSdeG que pedían que el Valedor do Pobo "velase por los intereses de los gallegos residentes fuera" de la Comunidad autónoma, para lo que instaban a firmar los "convenios que fuesen necesarios".

También se ha rechazado la enmienda en la que el candidato a valedor do Pobo comparezca en la Comisión de Peticións (la que se encarga de las relaciones con este comisionado) para "ser examinado sobre su idoneidad". En este sentido, pedía que el presidente de este órgano parlamentario —que coincide con la Presidencia de la Cámara— debería hacer un informe al pleno sobre esta condición antes de la votación para elegir el cargo.

En el capítulo de enmiendas no admitidas, se encuentra la propuesta para que el cargo de valedor sea "incompatible con todo mandato representativo, cargo político o actividad de propaganda política", entre otras incompatibilidades, así como para extender las facultades del valedor a la actividad que realicen los conselleiros y cualquier autoridad administrativa.

Más competencias

Los socialistas pretendían, con sus enmiendas, que las competencias del Valedor fuesen "elaborar informes sobre las materias de su competencia, realizar estudios de carácter general sobre el funcionamiento de las administraciones o elaborar informes sobre el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

El PSdeG incluía también propuestas dirigidas a que, en el supuesto de que se tratase de impedir la actuación del Valedor, "pueda incurrirse en responsabilidad penal", o para que la defensoría gallega pudiese establecer medidas de conciliación en el marco de las sugerencias realizadas.

Enmiendas rechazadas DEL BNG

Por su lado, el Grupo Parlamentario del BNG buscaba, con sus enmiendas, a las que ha accedido a Europa Press, que el Valedor "prestase especial atención a preservar los derechos de los ciudadanos que quisieran desarrollar su vida en idioma gallego" o que pudiese "supervisar, mediante acuerdo con el Defensor del Pueblo, la actividad de la Administración del Estado en Galicia".

Los nacionalistas gallegos introdujeron enmiendas, también rechazada, en la que pedía mayores competencias frente a "abusos de autoridad y poder" y a las "negligencias de las administraciones públicas en Galicia", incluyendo investigaciones de oficio.

Además, tampoco fue aceptada que una enmienda por la que se obligaba a que el informe del Valedor do Pobo debería reflejar un apartado en el que se recogiese específicamente la actividad desarrollada en relación con la situación de los derechos colectivos, sobre los "abusos de poder" o "negligencias".

En cuanto a las enmiendas admitidas de los grupos de la oposición, complementan los artículos referidos a los procesos de sustitución y relevo del alto comisionado, a la estructura orgánica, a la tramitación de los expedientes, o la incorporación de las nuevas tecnologías.