La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha defendido que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este pasado viernes "vienen a consolidar" el sistema de prestaciones por desempleo y subsidio.

"Y se establecen medidas de casamiento de políticas nocivas y pasivas de lucha contra el fraude que están sentadas en el eje de que en el Gobierno queremos que se cumpla la ley", ha añadido Hidalgo.

Durante una rueda de prensa en la que se ha firmado un convenio de colaboración entre el GobEx y el Ministerio de Empleo para la lucha contra el fraude y la economía irregular, Hidalgo ha aclarado también que las medidas "están hechas para personas con prestación a partir de ahora".

Ha aclarado que estas medidas "no afectan en absoluto a las personas que actualmente están cobrando prestaciones contributivas, subsidios por desempleo o renta activa para reinserción", ha explicado.

Asimismo, la secretaria de Estado de Empleo ha resaltado que "se mantiene la duración de la prestación a 24 meses y los mismos términos durante los seis primeros meses" ya que "a partir del séptimo mes el porcentaje baja del 60 al 50 por ciento".

"Pero eso sí, como consecuencia de que en el sistema hay unos mínimos, las personas desempleadas que estén cobrando unos mínimos, es decir, a las que menos cobren no les afectará esta medida, que es en torno al 27 por ciento de esas personas", ha destacado.

Asimismo, Engracia Hidalgo ha aclarado que "las personas que están cobrando prestación pueden salir al extranjero y seguir cobrando" la misma "durante quince días", mientras que si se quiere permanecer más tiempo fuera de España, se puede "perfectamente suspender el percibimiento de esa prestación y cuando vuelve lo comunica y se le vuelve a reintegrar, siempre que su salida fuera no sea superior a 12 meses", ha explicado la secretaria de Estado, quien ha puntualizado que esto "estaba así y no se ha modificado".

BONIFICACIONES

Por otra parte, a preguntas sobre la eliminación de algunas bonificaciones a la creación de empleo, Hidalgo ha explicado que en el Congreso de los Diputados en una comisión de 2010 así como en diversos estudios "se había dicho que no había un efecto claro del impacto de las bonificaciones en la contratación".

"Y había muchas bonificaciones que constituían un peso muerto en el sistema porque no se sabía claramente si tenían algún tipo de impacto", ha añadido la secretaria de Estado de Empleo, quien ha matizado que la "recomendación" de que se analicen las bonificaciones "ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por la Comisión Europea y por organizaciones internacionales".

De igual modo, ha explicado que se han mantenido aquellas bonificaciones que consideran "tienen más impacto" como las medidas relativas a la discapacidad o a las mujeres embarazadas.

Por último, en cuanto al impacto económico que tendrá la supresión de algunas bonificaciones, Hidalgo ha evidenciado que "se verá este año" pero que "está en torno a los 1.500 millones de euros".