La Generalitat catalana recurrirá el decreto de reforma de la ley de la dependencia al Tribunal Constitucional porque invade sus competencias y lo considera "un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las CCAA" tras calcular que el Estado dejará de aportar unos 76 millones anuales a Cataluña.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha hecho este lunes una valoración de la reforma de la ley de la dependencia, que ha calificado de "engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: Ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros".

Cleries ha recordado que el año pasado la Generalitat ya aportó el 70% (906 millones) del coste de los servicios y prestaciones de la ley de la dependencia en Cataluña, mientras que el Estado sólo aportó el 20% (258 millones), cuando la ley establece que ha de ser al 50%, y el copago supuso el 10% restante (122 millones).

El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.

Esta cifra significan unos 76 millones menos, casi un 30% de ahorro para el Estado, que el conseller Cleries considera que es "desentenderse y declararse en retirada de la ley".