La tramitación de la reforma de la Ley del Valedor prosigue este lunes, después de que casi la mitad de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— no fuesen admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, algunas de ellas relativas a reforzar las competencias del alto comisionado. Así, de las 57 enmiendas registradas (31 del PSdeG y 26 del BNG), fueron rechazadas 26.

La iniciativa para la modificación de la normativa fue impulsada por los populares, como cumplimiento de una propuesta de resolución aprobada en el último Debate sobre el Estado de la Autonomía y que tiene su eje central en reducir de cinco a dos los cargos en el alto comisionado, así como impulsar la vía telemática para la tramitación de quejas. Además, coincide con la situación de interinidad que vive esta institución desde que Benigno López dimitió por sus polémicas declaraciones sobre la Ley de la Dependencia y los recortes.

Así las cosas, según los textos a los que ha tenido acceso Europa Press, quedan excluidas enmiendas del PSdeG que pedían que el Valedor do Pobo "velase por los intereses de los gallegos residentes fuera" de la Comunidad autónoma, para lo que instaban a firmar los "convenios que fuesen necesarios".

También se ha rechazado la enmienda en la que el candidato a valedor do Pobo comparezca en la Comisión de Peticións (la que se encarga de las relaciones con este comisionado) para "ser examinado sobre su idoneidad". En este sentido, pedía que el presidente de este órgano parlamentario —que coincide con la Presidencia de la Cámara— debería hacer un informe al pleno sobre esta condición antes de la votación para elegir el cargo.

En el capítulo de enmiendas no admitidas, se encuentra la propuesta para que el cargo de valedor sea "incompatible con todo mandato representativo, cargo político o actividad de propaganda política", entre otras incompatibilidades, así como para extender las facultades del valedor a la actividad que realicen los conselleiros y cualquier autoridad administrativa.

Más competencias

Los socialistas pretendían, con sus enmiendas, que las competencias del Valedor fuesen "elaborar informes sobre las materias de su competencia, realizar estudios de carácter general sobre el funcionamiento de las administraciones o elaborar informes sobre el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

El PSdeG incluía también propuestas dirigidas a que, en el supuesto de que se tratase de impedir la actuación del Valedor, "pueda incurrirse en responsabilidad penal", o para que la defensoría gallega pudiese establecer medidas de conciliación en el marco de las sugerencias realizadas.

Enmiendas rechazadas del bng

Por su lado, el Grupo Parlamentario del BNG buscaba, con sus enmiendas, a las que ha accedido a Europa Press, que el Valedor "prestase especial atención a preservar los derechos de los ciudadanos que quisieran desarrollar su vida en idioma gallego" o que pudiese "supervisar, mediante acuerdo con el Defensor del Pueblo, la actividad de la Administración del Estado en Galicia".

Los nacionalistas gallegos introdujeron enmiendas, también rechazada, en la que pedía mayores competencias frente a "abusos de autoridad y poder" y a las "negligencias de las administraciones públicas en Galicia", incluyendo investigaciones de oficio.

Además, tampoco fue aceptada que una enmienda por la que se obligaba a que el informe del Valedor do Pobo debería reflejar un apartado en el que se recogiese específicamente la actividad desarrollada en relación con la situación de los derechos colectivos, sobre los "abusos de poder" o "negligencias".

En cuanto a las enmiendas admitidas de los grupos de la oposición, complementan los artículos referidos a los procesos de sustitución y relevo del alto comisionado, a la estructura orgánica, a la tramitación de los expedientes, o la incorporación de las nuevas tecnologías.

Tramitación parlamentaria

La proposición de ley impulsada por los populares ha sido admitida a trámite parlamentario en el pleno extraordinario que se ha celebrado a principios de este mes de julio y este lunes, se constituirá la ponencia en la que se elaborará el dictamen definitivo para la reforma de la ley.

La previsión de los populares es que esta reforma, así como la que atañe a la delegación del voto de la mujer en situación de maternidad, pueda estar aprobada a finales de este mes no ordinario en otra sesión plenaria en la cual, según ha garantizado el PPdeG en días pasados, también se activará la comisión de investigación sobre la fusión y bancarización de las cajas gallegas.