El Juzgado de lo Social número 3 de Granada acoge este lunes, si no se alcanza previamente una avenencia, el juicio contra el Ayuntamiento de Armilla (Granada), gobernado por PP e IDEA, tras la demanda presentada por el jefe del Servicio de Deportes, Juventud y Fiestas municipal por posible 'mobbing', según consta en el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

El trabajador, que presentó denuncia contra el Ayuntamiento por posible vulneración de derechos fundamentales, cuenta, para avalar su reclamación, con un informe de fecha 12 de junio en el que la Inspección de Trabajo ya concluyó que, en su caso, Armilla ha vulnerado el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge el derecho de los empleados a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo.

El afectado, que es jefe de Deportes desde el 1 de junio de 2009, aseguró a la Inspección que desde la toma de posesión de la nueva corporación todas las funciones que por su puesto le correspondían fueron asignadas al jefe de Negociado de Actividades e Instalaciones Deportivas y que la mayor parte de su jornada se encontraba sin ocupación.

Tras la comprobación de la documentación al respecto y de los hechos, la Inspección consideró que efectivamente el Ayuntamiento de Armilla ha adoptado "una serie de decisiones que se apartan de la lógica organizativa o productiva de esa administración local, y que han producido un perjuicio objetivo a la consideración debida a la dignidad" del trabajador, a quien se le trasladó de ubicación.

Además, según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, al delegar sus funciones en el jefe de Negociado se le está impidiendo "desarrollar su trabajo con normalidad, contribuyendo con ello a acentuar su vulnerabilidad personal y profesional".

Se trata de una situación que "lleva al trabajador a una situación de inestabilidad y vaivén en el ámbito laboral que repercuten negativamente en su trabajo", que le han provocado incluso, recoge el inspector, a plantearse dimitir y abandonar su puesto de trabajo, aunque esa posibilidad la ha descartado finalmente por "la situación económica y social actual", concluye la Inspección, que ha levantado por ello acta de infracción contra el Ayuntamiento.