La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha expresado su "preocupación" por el "excesivo uso" de la fórmula del decreto ley en el seno de la Junta de Andalucía y ha apuntado la "paradoja" que supone el uso de dicha figura y la "tardanza" a la hora de configura la estructura del Gobierno andaluz.

El adjunto a la Secretaria General de la CEA, Antonio Moya, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz en relación con el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía en determinados aspectos de la organización territorial.

En ese punto, Moya, quien ha reconocido le hubiese gustado ser llamados en relación con el proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, ha manifestado su conformidad con el contenido del proyecto, toda vez que "en la Administración debe primar los principios de eficiencia y eficacia".

No obstante, apunta, desde un punto de vista formal, su preocupación por el "excesivo uso" de la formula de Decreto Ley, pues considera que "se limita el debate y la participación de los agentes económicos y sociales, y además que su particular tramitación genera situaciones de incertidumbre jurídica y económica que no son deseables".

Ha indicado que desde la convocatoria de elecciones hasta el día de la publicación final de esta ley "habrán pasado cuatro meses en los que todas las delegaciones provinciales han estado en una situación de transitoriedad, que no siempre es el marco más idóneo para la toma de decisiones".

Para la CEA, se produce una "cierta paradoja", pues "efectivamente se formula un decreto ley, en razón de la urgencia de la medida, y urgencia motivada esencialmente por la necesidad de cumplir unos determinados requerimientos de índole económicos, pero esa urgencia que no concuerda con los ritmos para su implantación".

Moya asimismo considera que la creación de las delegaciones territoriales, se considera potestativa, es decir, será el Consejo de Gobierno de turno el que decida si se aplica o no este nuevo esquema administrativo territorial, frente a lo que cree que "hubiera sido mucho más coherente con el procedimiento empleado que el objeto de la norma fuera la supresión efectiva de todas las delegaciones provinciales y la creación, en firme, de las nuevas delegaciones territoriales".

"No se comprende bien que se deje abierto a la voluntad de futuros Consejos de Gobierno la posibilidad de crear entes de representación territorial de ámbito inferior a la provincia, que aunque parece que no es la voluntad del Ejecutivo de hoy, lo cierto es que legalmente se esta facultando para que en el futuro puedan crearse de forma potestativa mas entes de carácter territorial, con lo que ello puede suponer de multiplicación de la administración territorial", ha agregado.

Agilización y mayor coordinación

Por otro lado, la CEA cree que "hubiera sido de interés que expresamente se atribuyera a estas delegaciones territoriales obligaciones relativas a la reducción de tramites y agilización de procedimientos, pues la mera expectativa de la creación de nuevos órganos y la multiplicidad de contenidos que van a desarrollar los mismos, pueden producir un cierto grado de ralentización de la acción administrativa territorial, con el perjuicio que ello comporta para el conjunto de la actividad productiva".

También considera que "hubiera sido de interés aprovechar este proceso de concentración para formular medidas que favorezcan una mayor coherencia y coordinación, de forma que todos los temas y, sobre todo, los de carácter administrativo, económico y empresarial tengan el mismo tratamiento en toda la comunidad autónoma, favoreciendo una verdadera unidad de mercado, lo cual requiere una interpretación homogénea de las normas en el conjunto de todo el territorio andaluz".

A su juicio, hubiera sido "una magnífica ocasión" para introducir como principio orientador de la acción de estos entes territoriales, "la propia coordinación entre ellos propiciando interpretaciones normativas homogéneas y, en todo caso, aquellas que sean siempre más favorables para las peticiones de los interesados".

La CEA aboga por reflexionar sobre una reforma del sistema de registros, pues "se ha optado por crear un nuevo registro, el de las delegaciones territoriales, que se suma a todos los ya existentes, incluidos los previstos en los ayuntamientos, entidades territoriales muy cercanas a los ciudadanos y que quizás, por si mismos, pueden cumplir con eficacia toda la demanda registral de la ciudadanía".