La Junta advierte de que la nueva Ley de Costas "agrava el modelo que nos ha llevado a la crisis"

Rafael Rodríguez apuesta por la sostenibilidad y afirma que el desarrollo turístico debe ser respetuoso con el entorno
El consejero de Turismo, Rafael Rodriguez
El consejero de Turismo, Rafael Rodriguez
EUROPA PRESS
El consejero de Turismo, Rafael Rodriguez

El consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha afirmado que el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas elaborado por el Gobierno central "favorece la ocupación del litoral y agrava las causas de un modelo que nos ha llevado a la crisis". Por ello, ha mostrado su "oposición firme" a dicha modificación y ha apostado por un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Rodríguez ha defendido este viernes que el litoral andaluz es "muy importante por su riqueza económica y turística", por lo que, a su juicio, "es preciso establecer un régimen de protección plenamente compatible con el crecimiento sostenible, que repercutirá en la generación de empleo y contribuirá a la salida de la crisis".

"El modelo turístico no puede seguir siendo el de la ocupación de los espacios y territorios ", ha señalado el titular andaluz de Turismo y Comercio, quien ha visitado el municipio malagueño de Marbella.

En este sentido, Rodríguez ha insistido en que la apuesta de su departamento para el futuro se basará en un patrón sostenible que "respete el entorno" y que "sea competitivo".

Ha hecho hincapié, al respecto, en que "hay que armonizar el desarrollo de cuantas actividades contribuyan a generar crecimiento económico, siempre con una decidida protección de los recursos turísticos, a los que desde la Consejería no vamos a renunciar".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y modificará las normas del deslinde administrativo.

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