Candidatura do Povo ha denunciado que la Justicia "frena" la acusación popular en el caso del Códice Calixtino, que esta asociación compostelana presentó en el mes de mayo, al requerirle una fianza de 100.000 euros para que siguiese adelante el trámite. En este sentido, ha criticado que se imponen "condiciones abusivas e injustificadas", que "reservan la justicia para las clases más altas".

Representantes de este grupo político han afirmado, en comparecencia de prensa este viernes, que la instrucción del caso ha puesto "trabas" al proceso de acusación popular con el fin de encubrir a "los verdaderos responsables del robo". "No existe motivación, ni justificación para la cuantía y el plazo de entrega de la fianza", ha denunciado Ricardo Picáns, portavoz de Candidatura do Povo.

Según ha manifestado, la fianza requerida por el juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Taín, asciende a 100.000 euros y fue comunicada el pasado día 5 de julio, con tan solo un día de plazo para su abono. Este hecho ha sido calificado como una "reserva de la justicia para las clases más altas" por parte de la asociación compostelana, que se ha preguntado si las acusaciones que está previsto que presenten el Cabildo y la Xunta de Galicia "tendrán las mismas condiciones".

"pretenden encubrir el proceso"

La asociación se muestra optimista ante la resolución del recurso que ha presentado y ha asegurado que "guste o no" su presencia garantizará que se sepa "toda la verdad" sobre un caso en el que "se pretende echar tierra para encubrir a todos los responsables". "Si Xunta y Cabildo presentan su querella, lo harán para defenderse de sí mismos", han afirmado portavoces de la asociación en la comparecencia.

Candidatura do Povo ha considerado que deben ser depuradas "todas" las responsabilidades "tanto políticas como eclesiásticas" y ha criticado la gestión del "patrimonio que pertenece a todos" por parte de la Iglesia. Además, la asociación ha calificado de "imposible" el hecho de que no se conocieran los robos realizados por el electricista durante 20 años, y ha pedido el esclarecimiento de las cuentas que maneja la Catedral de Santiago.