UCE-Asturias ha rechazado "tajantemente" la subida del IVA anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sitúa en el 21 por ciento el impuesto general y en el 10 por ciento el tipo reducido y que incrementará el gasto de las familias en una media de 500 euros al año.

Según explicó este viernes su presidente, Dacio Alonso, para la asociación esta subida de los impuestos al consumo "merma sustancialmente el ya de por sí reducido poder adquisitivo de los ciudadanos, que además tienen que hacer frente a medidas como la reducción de la prestación por desempleo o la eliminación de la paga extra a los funcionarios".

Así, advierte de que "productos tan esenciales como algunos alimentos, medicamentos o prótesis; y servicios elementales como los sanitarios, culturales, deportivos, el transporte público o el suministro de agua dejan de tributar al 8 por ciento del que gozaban hasta ahora como IVA reducido por criterios sociales y serán gravados a un 10 por ciento".

La asociación no entiende cómo el Gobierno pretende sacar al país de la crisis económica con este tipo de medidas que, "lejos de reactivar la economía, empobrecen a la población y limitan su poder de consumo".

Exclusión social

UCE considera que esta medida "sólo puede provocar mayor exclusión social especialmente en colectivos como enfermos y jubilados, que además de la subida de los impuestos reducidos sobre los servicios sanitarios, medicamentos o prótesis, han sufrido también los recientes 'medicamentazo' y copago farmacéutico", ya denunciados por UCE.

La Unión recuerda además que esta nueva subida del tipo promovida por Mariano Rajoy se acumula a la practicada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, en una suerte de "suma y sigue en las medidas llevadas a cabo por el Gobierno en perjuicio de los ciudadanos, con cada vez más derechos recortados y contra la grave situación económica que atraviesa multitud de consumidores".

Por todo ello, UCE reclama al presidente Rajoy "que busque fórmulas realmente solidarias, que afecten especialmente a las rentas más altas y a las empresas con mayores beneficios, y pide la implantación de un más que necesario gravamen sobre las transacciones financieras". "El mayor sacrificio fiscal debería ser exigido por el Gobierno a quienes más tienen, y no al revés", señala la asociación.