La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado dentro de la causa por los ERE fraudulentos, y no ha solicitado su ingreso en prisión provisional, como ya ocurrió en el caso de su antecesor en el cargo, Juan Márquez.

De este modo, el Ministerio Público ha solicitado que se imponga una fianza civil de 57 millones de euros al imputado, importe que se extrae de los casi 42 millones de euros que concedió en ayudas a pesar de los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema más el tercio legal previsto.

A la petición de la Fiscalía se han adherido las acusaciones que ejercen PP y Manos Limpias, mientras que la Junta de Andalucía ha solicitado, por vez primera, que no se imponga ninguna medida cautelar al imputado, lo que coincide con el cambio de letrado de la Administración autonómica en este caso, pues Ignacio Carrasco ha sido sustituido por Mercedes Izquierdo. La petición de la Junta ha sido apoyada por el sindicato UGT.

Asimismo, la defensa de Rivera se ha opuesto a la imposición de cualquier tipo de medida cautelar ya que considera que "no hay indicios racionales de criminalidad", según han informado a los periodistas varios abogados presentes en la comparecencia.

La juez imputa al exdirector general de Trabajo cuatro presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.