La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado dentro de la causa por los ERE fraudulentos, petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen PP y Manos Limpias.

De su lado, la Junta de Andalucía ha solicitado, por vez primera, que no se imponga ninguna medida cautelar al imputado, lo que coincide con el cambio de letrado de la Administración autonómica en este caso. A la petición de la Junta se ha adherido el sindicato UGT.