Los dos partidos de la oposición en Baleares, PSIB-PSOE y PSM-IV-ExM, creen que la reducción de un 30% de los concejales en los Ayuntamientos de toda España representa un "ataque" a la democracia puesto que "debilita" la capacidad de representatividad en los municipios más pequeños.

Asimismo, ambas formaciones han coincidido en señalar que la medida anunciada por el Gobierno central "no supone un ahorro" significativo para la administración, dado que, según han apuntado, muchos de estos concejales tan sólo cobran por asistir a plenos mensuales en sus respectivos consistorios.

En este sentido, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Silvia Cano, ha opinado que la medida representa un "ataque a nuestro modelo político y social y una debilitación de nuestra democracia y nuestra capacidad de representatividad", al tiempo que se ha manifestado que su aplicación supondrá una "devaluación y una merma de la voluntad de la representación popular".

"Esto supondrá una puñalada a los que ciudadanos que han escogido una determinada opción política", ha incidido al respecto. Con todo, ha añadido que la propuesta no es una medida para ahorrar, sino que lo que pretende es "debilitar el actual sistema político y de representación democrática".

Con independencia de si en los municipios se gobierna en pacto o no, lo que hay que tener en cuenta, ha apuntado Cano, es que "simbólicamente es un ataque muy grave con el sistema político", al tiempo que ha añadido que el Gobierno del PP pretende "volver a un centralismo estatal, en contra del principio de subsidiariedad y en contra de un sistema federalista".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del PSM-IV-ExM, Biel Barceló, ha asegurado que esta propuesta "le saldrá caro a los Ayuntamientos pequeños, donde los regidores hacen un trabajo muy importantes por una dieta mensual de entre 120 a 150 euros mensuales".

Por otra parte, ha considerado "muy grave" la intención del Ejecutivo de eliminar aquellas competencias de los Ayuntamientos que nos les corresponde aplicar, porque, según ha dicho, "en la práctica supondrá que se dejen de prestar servicios sociales y atención cultural", los cuales "teóricamente tendrán que hacerlos los Consells Insulares, pero que seguramente se dejaran de prestar", ha apostillado.