Susana Díaz recuerda que la Junta siempre vio "injusta" la orden de ingreso en prisión de Antonio Fernández

La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado su "respeto" a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de dejar en libertad bajo fianza de 450.000 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, hasta ahora en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya a cuenta de su imputación en las diligencias relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L a través de ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas.
El Exconsejero Antonio Fernández A Su Llegada A Los Juzgados Por El Caso ERE
El Exconsejero Antonio Fernández A Su Llegada A Los Juzgados Por El Caso ERE
EUROPA PRESS
El Exconsejero Antonio Fernández A Su Llegada A Los Juzgados Por El Caso ERE

La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado su "respeto" a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de dejar en libertad bajo fianza de 450.000 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, hasta ahora en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya a cuenta de su imputación en las diligencias relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L a través de ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas.

En un acto celebrado en Sevilla en el marco de su candidatura a la Secretaría General del PSOE sevillano, y ante las preguntas de los medios de comunicación, Susana Díaz ha manifestado su "respeto" a esta resolución de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. "No compartíamos aquella decisión. La considerábamos injusta", ha rememorado en cuanto a la posición del Gobierno andaluz acerca del auto de la juez Mercedes Alaya que implicaba el ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández.

La juez Alaya, como se recordará, imputa a Antonio Fernández cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil por su papel en la administración de estas ayudas sociolabores y subvenciones a empresas que habrían carecido de fiscalización y que habrían sido distribuidas de forma arbitraria.

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