La reducción de la prestación económica a cuidadores de dependientes en domicilio supondrá un ahorro de 6 millones

Los cántabros tendrán que pagar parte de la teleasistencia, hasta ahora gratuita, excepto los que ingresen el salario mínimo
Buruaga y Urrutia
Buruaga y Urrutia
EUROPA PRESS
Buruaga y Urrutia

La reducción en un 15% de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados a dependientes en el domicilio supondrá un ahorro anual de seis millones de euros para el Gobierno de Cantabria.

Actualmente se paga a los cuidadores entre 520 y 180 euros, en función del grado de dependencia, lo que configura una nómina mensual de 3,6 millones en la región. Sin embargo, esta medida supondrá un ahorro de 490.000 euros al mes.

El objetivo es priorizar los servicios de atención profesionalizados y por tanto mejorar la calidad de los mismos al pasar de una atención "informal" a "profesional".

Igualmente se pretende invertir la tendencia existente en Cantabria, donde 9.683 dependientes (el 61% del total) han solicitado esta prestación, cuando la Ley de Dependencia establece que es de carácter "excepcional". El objetivo es que las ayudas económicas supongan el 40% del total y los servicios, el 60%, especialmente teniendo en cuenta que estas prestaciones "en muchos casos se han convertido en una renta familiar".

Se trata de una de las medidas contempladas en la reforma del sistema de atención a la dependencia que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que hoy han presentado en rueda de prensa la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Isabel Urrutia, quienes han insistido en que con esta propuesta no se trata de hacer desparecer al cuidador familiar ni de transferir gente a las residencias.

"El dependiente que ahora está en casa y siga queriendo, se quedará en casa", han subrayado ambas, apuntando recursos a su disposición como ayuda a domicilio, centros de día, asistente personal, etcétera.

"Cantabria está perfectamente capacitada porque tenemos servicios en marcha para asumir un volcado de la prestación económica a los servicios", ha asegurado además Urrutia, quien ha informado que la región cuenta con más de 4.300 plazas residenciales concertadas de las que 4.077 están ocupadas, y 1.500 plazas en centros de día, de las que 1.335 están cubiertas.

Otra actuación que afectará especialmente a la comunidad es el copago del servicio de teleasistencia, que reciben 1.560 personas y que hasta ahora era gratuito en Cantabria. Esta iniciativa, "menos positiva" para la región, ha reconocido Sáenz de Buruaga, supone que quienes perciben una cantidad igual o inferior del IPREM (532 euros) estarán exentos de pago pero quienes cobren IPREM y medio abonarán el 50% del coste (11 euros al mes) y los que superen esta cantidad tendrán que pagar 19,8 euros mensuales, el 90%.

La consejera ha desgranado la reforma, que ha calificado de "esencial" para la sostenibilidad de la dependencia, "la única alternativa posible" para un sistema "desbaratado por la falta de previsión y financiación", y que no supone un cambio de modelo, ha insistido, sino una "mejora y racionalización" de la atención a la dependencia, que ahora será "más justa y solidaria".

Con todo, ha advertido que esta reforma "de mínimos pero obligada" no impide "ir a más tanto en ajustes como en servicios", aunque en este último caso se financiarán sin ayuda del Estado y con cargo únicamente a los presupuestos autonómicos.

REFORMAS

Una de las reformas es la priorización de la atención a los grandes dependientes (de tercer y segundo grado), a los que se garantiza su prestación mediante el aplazamiento hasta julio de 2015 de la incorporación progresiva de los dependientes moderados, que son 3.687 en Cantabria. Por su parte, 1.655 dependientes de grado 1 nivel 2, reconocidos antes de diciembre de 2011, continuarán recibiendo atención.

Sin embargo, no afectará a la región otra de las reformas, la relativa a la aportación económica del usuario, puesto que en Cantabria ya se tiene en cuenta su renta y patrimonio a la hora de establecerla. A partir de ahora, la capacidad económica se establecerá en función de la renta más el 5% del patrimonio neto para mayores de 65 años; del 3% para entre 65 y 35 años; y del 1% para menores de esa edad.

Pero, y esto sí supone una "mejora" para Cantabria, no aportarán nada quienes cobren una cantidad similar al IPREM, excepto en atención residencial, donde se quedarán con 101 euros para gastos. Hasta ahora los dependientes con ingresos inferiores al salario mínimo pagaban el 5% del centro de día al que acudían y ya no lo harán. "Nadie quedará fuera de cobertura porque no disponga de recursos económicos", ha destacado Sáenz de Buruaga, que ha precisado que el nivel máximo de aportación del usuario al coste del servicio es del 90%, como ya estaba en la comunidad.

Una tercera reforma se refiere a la simplificación procedimental, con la desaparición de niveles de dependencia. Además, el Gobierno posibilitará a las comunidades diferir en un máximo de dos años la retroactividad en el derecho de acceso de los nuevos beneficiarios, cuando se trate de prestaciones económicas. Sin embargo, la consejera ha asegurado que esta medida no tendrá "consecuencias" en Cantabria porque ésta no supera el plazo máximo de seis meses "ni lo vamos a superar".

Por lo que se refiere a la reducción en un 15% de la prestación económica y la revisión de los cuidados en el hogar, Sáenz de Buruaga ha avanzado que se establecen criterios mínimos o requisitos de idoneidad en el cuidador para el reconocimiento de esta prestación, como la convivencia en el domicilio, una jornada o dedicación compatible, acreditar capacidad física y psíquica para desarrollar el cuidado o aceptar formación y permitir la inspección de los Servicios Sociales.

Además, el Estado revisará el actual sistema de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas. Mientras tanto, los 4.301 cuidadores acogidos en Cantabria a esta medida continuarán en la Seguridad Social.

Finalmente, la reforma marca nuevos criterios de asignación del nivel mínimo de protección en el contexto de una incorporación progresiva de una variable que pondere positivamente la prestación de servicios frente a la prestación económica por cuidado en el entorno.

Para evitar desequilibrios, se abre un periodo de transición de cinco años donde el reparto por prestaciones representará el primero (2013) un 10% e irá ascendiendo hasta el 50% en quinto y siguientes. "Evidentemente Cantabria es una de esas comunidades que deberá fomentar la inversión del modelo en el sentido contrario al que se ha venido fomentado en los últimos años", ha subrayado la consejera.

Dependencia en cantabria

En Cantabria hay 21.000 dependientes (incluido en grado 1 nivel 1 que no entra en el sistema), de los que 17.511 tienen derechos reconocidos y 15.838 los están recibiendo.

La comunidad percibió en 2011 un total de 26 millones del Estado para la dependencia, una cantidad que todavía no se puede concretar para este año ya que la nómina varía mensualmente en función del número de dependientes.

Sin embargo, la consejera, que ha dicho que Cantabria aún no ha cuantificado el ahorro total que supondrán las reformas, ha subrayado que el escenario de la dependencia "no pasa por esperar más financiación del Estado de la que se ha recibido" sino por una distribución "más justa" a las comunidades y que tenga en cuenta los servicios que se prestan. Además ha recordado que el Estado priorizará los servicios sobre las prestaciones económicas.

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