El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha decidido convocar para el próximo miércoles, 18 de julio, a los alcaldes del archipiélago para adoptar una serie de acuerdos en relación a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que algunas de ellas se prevén que se aprueben este viernes en el consejo de ministros.

Así, el próximo 18 de julio, a las 17.00 horas, los alcaldes canarios están convocados en Santa Cruz de Tenerife donde analizarán las medidas que afectan directamente a los ayuntamientos españoles, entre ellas la reducción en un 30 por ciento del número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General", según informó la Fecam en nota de prensa.

Así, tras este encuentro, y un día más tarde, también se ha previsto la celebración de una asamblea general, que es el máximo órgano de la Fecam.

De todos modos, y sobre la medidas de los concejales, desde la Fecam se incide en que "esta medida no se puede aplicar de una forma inmediata en el tiempo, ya que cuestiona la legitimidad que tiene un concejal elegido en unas elecciones democráticas, vulnera sin duda alguna a la propia Constitución Española y es objeto de Recurso".

Asimismo, apunta a que esta reducción de cargos públicos de los consistorios debe "tramitarse como una Ley, que además traiga consigo el consenso institucional que emane del estudio de cada uno de los casos".

En cuanto a la homogeneización y publicación de las retribuciones de los cargos municipales donde se incluyen los alcaldes y concejales en base a baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aseguran que en el caso de Canarias "se contraponen" a estudios ya realizados en este sentido por federaciones como la de Andalucía donde se mostraba que "el techo de los alcaldes canarios era muy inferior al resto de otras comunidades autónomas".

Otro de los puntos que abordará la Fecam, será el de la mejora del control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento de las imparcialidad del Interventor Municipal y de los funcionarios con habilitación de carácter nacional", citó el anuncio de Rajoy.

A este respecto, matizan que "se puede producir una deslegitimación de la representatividad institucional de los ayuntamientos y se puede estar olvidando" que los órganos de gobierno municipal y los componentes del pleno en general son "elegidos para gestionar lo mejor posible los intereses de los vecinos en función de todas las circunstancias".

"El artículo 137 de la Constitución deja claro y establecido los principios generales de la organización territorial y define el modelo de Estado organizado por municipios, provincias y comunidades autónomas, perfilando claramente que todas ellas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses", resaltan.

Y es que consideran que hay determinadas medidas del Gobierno central que "no trata realmente de duplicidades sino que afecta directamente a la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local adaptándola a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", con lo que se está "dañando a la propia estructura de la organización municipal que está amparada constitucionalmente en su totalidad".