El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que es "metafísicamente imposible" atender las reivindicaciones del sector minero y elevar las ayudas presupuestadas para 2012, ya que el Gobierno no tiene "margen de maniobra" para modificar esta partida.

Soria, en una entrevista en el programa El debate, de TVE, ha reiterado que, dada la situación financiera, no hay margen para evitar el recorte en el presupuesto para la minería de este año y ha advertido que ahora llega ese nuevo ajuste adicional, que intentará que "no afecte en absoluto a la minería del carbón", pero que obligará a recortes en muchos sectores.

Sostiene que el recorte en las ayudas a la minería del carbón es solo del 13%, frente al 32% de disminución que ha sufrido el conjunto del presupuesto del Ministerio, y ha afirmado que, si se mira en términos comparativos con otros sectores, como el turismo o la automoción, "no hay ni un solo sector económico en España que tenga un presupuesto en el año 2012 tan abultado como tiene el sector de la minería".

"Muchas veces se piensa que por posiciones de radicalización pueda haber modificaciones de las decisiones", afirmó por la mañana el ministro en los Cursos de El Escorial.

Soria cifró en 24.000 millones de euros los fondos recibidos por el sector minero desde 1990 y se preguntó "por qué no ha habido una reconversión en el sector" después de haber atraído "más recursos que ningún otro".

"Lo que hay previsto en 2012 para el sector de la minería y del carbón son 656 millones, una cuantía que no tiene ningún otro sector de la economía, ni la energía, ni las telecomunicaciones, ni el turismo", afirmó.

Además, insistió en que la minería, con 4.000 empleos, recibe 656 millones en 2012, mientras que el turismo cuenta con una partida de 438 millones, pese a dar trabajo a 2,5 millones de personas.

Soria se ha preguntado por qué en las comarcas mineras no han nacido, como sí ocurrió en el País Vasco, por ejemplo, empresas de tecnologías en las zonas afectadas por la reconversión industrial.

Preguntado si ha podido existir un fraude en las ayudas a las empresas, Soria ha contestado que solo los tribunales pueden decir si ha habido un uso fraudulento, aunque sí ha dicho que en 2005 la Intervención General del Estado detectó que se habían concedido ayudas en exceso en 1998, 1999, 2000 y 2001, por un importe de unos 490 millones de euros más.

Junto a esto, Soria explicó que su departamento trabaja en la actualidad en el "plan de cierre" del sector para el periodo 2013-2018 conforme a las disposiciones "imperativas" de la Unión Europea.

Al ser preguntado tras su ponencia acerca de la Marcha Negra de los mineros, Soria dijo "respetar la libertad de manifestación de cualquier persona y colectivo", si bien mostró su deseo de que estos actos se realicen "sin ningún tipo de agresividad, de radicalización y de violencia". "Lamento que por consecuencia de esas manifestaciones hayan resultado heridos y personas con lesiones", añadió.

El ministro dijo además que el Ejecutivo ha tenido la "sensibilidad" de no reducir las partidas "sustancialmente sociales" de las ayudas al carbón. "De los 656 millones, 302 millones corresponden a prejubilaciones. Algunas se hacen a los 55 años, y en otros casos a los 50 y en otros a los 48, y en otros casos a los 40 años, lo que yo no recuerdo en ningún otro sector", señaló.

Soria ha añadido que, si el sector no se sienta, el Gobierno hará unilateralmente el plan y buscará que sirva de verdad para reconvertir el tejido productivo de esas zonas, pues en 2019 estarán cerradas las minas no competitivas.

Además, se ha referido al impuesto para las fuentes de generación de energía, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros y que establecerá "una tributación sobre todo tipo de generación pero progresiva", de forma que afectará a unas tecnologías de una manera y a otras de otra.

Preguntado si puede haber una subida en el recibo de la luz, el ministro no lo ha descartado, pero ha señalado que, en todo caso, no será por una decisión del Gobierno, sino por el precio de la luz que se fija en las subastas a las que acuden las operadoras, que determina el 50% del precio del recibo y que es la parte en la cual el Ejecutivo "no tiene capacidad de actuar".