La defensa del letrado Manuel Sánchez Zubizarreta, acusado en el caso 'Malaya', ha solicitado al Tribunal que "se deduzca testimonio de los particulares que hagan referencia a las declaraciones prestadas en el juicio oral" por algunos investigadores policiales y de la Agencia Tributaria y testimonio de varios informes y atestados de la causa, para que se remitan a un juzgado "en averiguación de si su actuación puede ser constitutiva de delito", por "ocultamiento o reticencia".

En este contexto, el abogado Francisco Soriano, también acusado y perteneciente al gabinete jurídico en el que, según las acusaciones, se constituyeron sociedades para que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ocultara su patrimonio supuestamente ilícito, ha aludido al artículo 460 del Código Penal, que se refiere al testigo o perito que "sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos".

Este letrado ha cuestionado que estos investigadores tengan la condición de peritos o testigos, sino son "simplemente denunciantes e interpretadores de documentos", ha dicho, calificando su forma de contestar "despectiva" e "inadmisible en un estado de derecho" y considerando que entraban al juicio "como en terreno conquistado, con prepotencia", por lo que entiende que "esto debe de esclarecerse por bien de la administración de justicia".

Ha criticado la labor de las acusaciones y el gasto de dinero público de este procedimiento y ha considerado que en esta causa "se ha pervertido todo" y "se han arruinado vidas y haciendas". Así, ha pedido una sentencia absolutoria para su cliente y para el resto de abogados del gabinete jurídico, atendiendo a "la ausencia de prueba y concreción de hechos" de las acusaciones y a la "abundante" prueba aportada por las defensas.

La defensa de este letrado y de otros tres miembros del despacho, que están acusados de blanqueo de capitales, ha solicitado igualmente una sentencia absolutoria y ha alegado que sus clientes se limitaban a actuar como letrados, al considerar que "los abogados que hacen contratos, que constituyen sociedades y que hacen las cosas propias del ejercicio de su profesión son acciones neutrales que no tienen por qué ser delictivas, sino socialmente adecuadas".