El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana y que este próximo jueves tomará declaración, en calidad de imputado, al alcalde de la capital, en la línea de lo hecho hasta ahora con casi una quincena de personas, entre ellas exediles y concejales del actual equipo de gobierno del PP, ha solicitado al Ayuntamiento que aclare las atribuciones del hoy responsable de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, durante los últimos ocho años.

La petición la formuló el juez del caso, José María Crespo, a través de una providencia dictada pocas horas después de la declaración que el propio Sánchez realizó, también como imputado, el pasado 5 de julio, día en el que también comparecieron ante el instructor el concejal Gonzalo Hernández y el arquitecto municipal Pablo Luis Gigosos, quienes, en la línea de lo manifestado anteriormente por otros exediles del PP, alegaron que su voto afirmativo en distintos trámites relativos a la modificación del PGOU estuvo guiado por informes técnicos, la asesoría jurídica y respondiendo a la disciplina de grupo.

En dicha providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el juez manda oficio al Consistorio para que en el plazo de cinco días aporte copia auténtica de los decretos de delegación de atribuciones en el concejal Manuel Sánchez entre los años 2003 y 2011, periodo en el que el aludido ha ostentado las áreas de Seguridad y Vialidad y luego, a partir de 2007, de Planificación, Infraestructuras y Movilidad.

Oficio también para fomento

Pero además, la providencia dictada por el juez demanda a la Consejería de Fomento, también en un plazo de cinco días, que "identifique" a los técnicos a quienes, supuestamente, se encargó un estudio sobre el PGOU ante las críticas realizadas a primeros de 2008 por la entonces presidenta del Grupo Municipal Socialista, Soraya Rodríguez, y su portavoz, Javier Izquierdo.

Estos dos últimos, a través de tres escritos, ya habían denunciado manipulaciones en el PGOU y habían solicitado la nulidad de la Orden de 18 de agosto de 2003 de la Consejería de Fomento por la que se aprobó definitivamente la modificación de dicho planeamiento.

Sin embargo, la respuesta fue una carta del consejero de Fomento, Antonio Silván, en la que éste, tras advertir que su departamento había dedicado al menos dos meses una parte de sus recursos para el "estudio cuidadoso de su petición", avalaba la legalidad de la modificación y apuntaba que en el supuesto de haber errores, éstos tendrían que ser subsanados por el Consistorio.

Pues bien, ahora el instructor emplaza al Departamento de Silván para que aporte los nombres de los técnicos que, supuestamente, analizaron las irregularidades denunciadas y en cuyo informe se habría basado el consejero a la hora de contestar por carta a los concejales socialistas en el Ayuntamiento vallisoletano.

Asimismo, el juez José María Crespo ha reclamado al Consistorio el expediente de la modificación del PGOU en lo relativo al proyecto de apartamentos tutelados para mayores que la empresa Parkosa pretendía ejecutar en la capital.