El eurodiputado del PP Gabriel Mato ha mostrado su sorpresa y malestar por el anuncio realizado ayer por parte del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, asegurando que la UE ha admitido que se pueda obligar a las empresas adjudicatarias de contratos públicos a contratar a residentes canarios, una información que, según Mato, es "absolutamente incierta y sólo viene a crear confusión y tergiversar la posición de las instituciones europeas en una materia tan delicada".

A través de una nota de prensa, el europarlamentario ha considerado que la actitud del Ejecutivo que preside Paulino Rivero es "especialmente grave" si se tiene en cuenta que durante los últimos años y en varias ocasiones, desde la UE se ha dejado claro que no es posible establecer discriminaciones directas ni indirectas en relación con las contrataciones.

"Volver a incidir en este tema y usar de forma torticera la posición de Bruselas es un acto de grave irresponsabilidad que puede traer consecuencias negativas para Canarias en un momento especialmente delicado y en el que es preciso ser especialmente cautelosos en las relaciones con las instituciones comunitarias", advirtió.

Gabriel Mato ya ha presentado en el Parlamento Europeo una serie de preguntas al Consejo y a la Comisión para que aclaren la posición ante el anuncio realizado por el Gobierno de Canarias, ya que "es preciso que los ciudadanos del archipiélago conozcan el juego que está manteniendo el Ejecutivo de Paulino Rivero, que se dedica a realizar manifestaciones a la ligera, sin contar con la suficiente base para ello y creando una situación de pérdida de credibilidad ante las instituciones europeas".

El eurodiputado ha querido recordar que existen no sólo posicionamientos "firmes" de la UE advirtiendo de medidas que impliquen discriminaciones en la contratación de trabajadores comunitarios, sino también sentencias de los tribunales en este mismo sentido.

Desde su punto de vista, "la libertad de establecimiento y de prestación de servicios es uno de los pilares básicos de la Unión, sin que en ningún caso puedan darse discriminaciones". En este sentido, ha añadido que tal y como establecen los artículos 52 y 62 del Tratado, únicamente por razones de orden público, seguridad pública y salud pública podría admitirse una restricción de este tipo.

Usos "sesgado"

Gabriel Mato ha asegurado que el Gobierno de Canarias está utilizando "de forma sesgada" la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre las Regiones Ultraperiféricas, que deja "bien claro" que los órganos de contratación de estas regiones, entre las que se encuentra Canarias, pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local, siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses. "Es este último matiz tan importante el que el consejero "ha omitido deliberadamente y con el único interés de confundir a la ciudadanía", señaló Mato.

El eurodiputado ha aclarado también que el Tribunal de Justicia de la UE señalaba en la sentencia Beentjes —por una denuncia presentada contra los Países Bajos por un asunto de contratación pública— que la exigencia de emplear trabajadores en paro prolongado podría infringir el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad consagrado en el apartado 2 del artículo 7 del Tratado, en el caso de que se comprobara que sólo los licitadores nacionales pueden cumplir tal condición o bien que su cumplimiento resulta mucho más difícil en el caso de los licitadores de otros Estados miembros. Corresponde al Juez nacional comprobar, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, si la exigencia de dicho requisito tiene o no una incidencia discriminatoria directa o indirecta.

"El Gobierno de Canarias conoce perfectamente todos estos argumentos en contra de sus propuestas para restringir las contrataciones y sabe que una y otra vez la UE ha dejado claro que no es posible avanzar en esta línea, por lo que el comunicado del consejero de Economía solo puede entenderse como un acto de propaganda política, pero una propaganda muy peligrosa para los canarios, ya que este tipo de actitudes pueden tener un efecto muy negativo en la consideración que desde la UE se tiene siempre de los asuntos de las Islas", resaltó el parlamentario europeo.

"Sólo tratan de desviar la atención hacia asuntos de este tipo porque creen que les va a dar rédito político, pero lo que deben de tener en cuenta es el daño que este tipo de anuncios inconsistentes y falsos puede hacernos a todos, tras décadas de trabajo serio para consolidar la imagen y el apoyo a Canarias desde Bruselas", ha añadido.

En su opinión, "el Ejecutivo de Rivero debería estar centrado y preocupado por preparar y formar a los ciudadanos de la islas para que puedan acceder en las mejores condiciones y en una situación de igualdad a todos los trabajos que puedan surgir, en vez de "dedicarse a retorcer la realidad para vender humo a los canarios".