La que fuera asistente personal del supuesto gurú de la comunidad hinduista 'Vadika Pratishana Sangha' de la Casa Yoga de Armilla (Granada) denunciado por la Fiscalía por posibles delitos contra la integridad moral y de asociación ilícita ha reconocido que tenía que pedirle permiso "para cualquier cosa", incluso cuando tenía que ausentarse por alguna razón.

De hecho, según declaró el pasado viernes 6 de julio en el Juzgado de Instrucción número 7 de Granada, que investiga el caso, tuvo que suscribir un contrato que incluía las obligaciones que conllevaba su labor que ella asumía, por escrito "para que no tuviera ningún tipo de duda de cuáles eran".

La joven, que actualmente tiene 26 años, conoció al gurú en 2009, a través de la academia de yoga con la que cuenta la comunidad en la calle Recogidas de Granada capital. En ese año, ya asistió a algunas clases de meditación con el imputado en el templo de Armilla, donde estuvo pernoctando durante unos seis meses, estancia por la que pagó unos 540 euros al mes, incluidos la comida y los cursos, según consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según ha señalado ante el juez, los miembros en la comunidad "no hacían ni se les exigían otro tipo de donaciones", y sólo se limitaban a contribuir al mantenimiento del templo de manera voluntaria. Durante su estancia no sufrió, según asegura, ningún tipo de maltrato, ni ha visto que lo haya sufrido cualquier otra personal ni ha presenciado ningún tipo de abuso o práctica sexual.

Sin embargo, ha afirmado que durante el tiempo en que fue asistente personal del gurú, o "maestro", como ella lo denomina, suscribió un acuerdo por escrito con sus obligaciones, y le pedía permiso "para cualquier cosa", porque el acusado dependía de ella, según su testimonio, para la "clasificación de papeles" o "preparación de apuntes". Además, firmó un protocolo de ocupación continua de 24 horas, que, según la testigo, significaba que "debía estar preparada" para cuando él tuviera que trabajar "durante periodos largos".

Actualmente mantiene contacto con el gurú ya que ella reside en India y cuando él está allí le "presenta sus respetos" y también asiste a sus clases, ya que lo considera "un maestro o un sacerdote de la religión católica" y le enseña "la verdad de las escrituras".

De hecho, fue ella misma la que se ofreció a declarar en esta causa como testigo, aunque ha admitido que su madre presentó denuncia al respecto en la Fiscalía. Preguntada por el patrimonio personal del gurú, la joven asegura que desconoce las empresas que están a su nombre o sus bienes, si bien alerta de que el hinduismo no predica "el desprendimiento material".

La declaración del gurú

El gurú, de iniciales A.J.R.P., fue denunciado por la Fiscalía de Granada por posibles delitos contra la integridad moral y de asociación ilícita, y declaró ante el juez hace ya más de un año, concretamente el pasado 28 de enero de 2011, fecha en la que pisó por primera vez los juzgados de la Caleta después de que varias de sus supuestas víctimas, que le acusan de técnicas de persuasión abusivas, coercitivas, de imponer a los miembros de su comunidad condiciones laborales que rozan la esclavitud, o de inducir a la práctica de ciertas relaciones sexuales, llevaran su caso ante el Defensor del Ciudadano de Granada, que dio el testigo del asunto al Ministerio Público, dando paso a la investigación judicial a comienzos de 2010.

En su declaración de entonces, el gurú, que dijo haber sido nombrado maestro en 1978 por la Federación Mundial Hinduista y haber estudiado 64 artes para alcanzar la categoría de "maestro", negó ante el juez las acusaciones que se le atribuyen y aclaró que el funcionamiento de la comunidad es similar "al de un convento cristiano", y que todos los monjes y novicios "deben contribuir a la limpieza y al mantenimiento". Negó también que la comunidad gestione la economía de sus integrantes, que se infrinja cualquier tipo de castigo físico por el incumplimiento de las obligaciones religiosas, o que en su comunidad existan miembros menores de edad.

Una vez que la Fiscalía denunció al gurú, ordenó una serie de diligencias que han sido practicadas por la Guardia Civil, entre ellas un informe de las empresas y de los bienes inmuebles vinculados a la comunidad.

Según las pesquisas del Instituto Armado, la comunidad hinduista —el gurú o algunos de sus miembros— está vinculada a un total de cuatro empresas: Max Crew Group, en Granada, dedicada a la venta de ordenadores y derivados, además de a la venta de productos de herbolario; Yantra Sistemas, en Madrid, que se dedica a la fabricación, importación y comercialización de sensores, resistencias, instrumentos y aparatos de precisión; Urmika Yoga, en Castellón, que se dedica tanto a impartir clases de yoga y similares, así como a la edición y comercio de libros y revistas; e Indar Haizea, en Pamplona, dedicada a la enseñanza de terapias alternativas.

En cuanto a los inmuebles, la Guardia Civil hace constar el que se utiliza como "templo", conocida como Casa Yoga, en Armilla, la academia de yoga que la comunidad posee en la calle Recogidas de la capital granadina, y un domicilio que el acusado utiliza como "consulta" de sus terapias vitales y "psicológicas".

Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, la comunidad que lidera se financia de varias maneras: mediante los cursos de yoga, por el que se pagan alrededor de 1.000 euros por persona; mediante el cobro de unas tasas por nivel a aquellos que quieren obtener un título de monitor o profesor; con el abono de un canon por el título obtenido, ya que la comunidad ha adquirido el copyright de la marca 'Vyayam Yoga'; los cursos de reciclaje, a 1.000 euros; o por donativos, pero "no como forma de financiación", sino como "fuente de enriquecimiento" del maestro.

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