Medio centenar de pueblos de la provincia segoviana, en los cuales viven alrededor de 10.000 habitantes, tiene contaminadas las aguas de abastecimiento a la población, según ha advertido Equo.

La formación política indica que las masas subterráneas más afectadas guardan clara relación con las zonas de cultivo, en particular con la extracción del agua para regadío, y que los acuíferos están sometidos a una "sobreexplotación" que, junto a los purines y fitosanitarios, está generando problemas.

Según ha apuntado en un comunicado, la continua demanda de expansión del sector de regadíos en Castilla y León conlleva la proliferación de aprovechamientos que superan el caudal disponible, induciendo así a descensos de los niveles freáticos "peligrosos e indeseados" y con ello afecciones ambientales con desaparición de arroyos, fuentes, manantiales o humedales.

En este sentido, recuerda que las administraciones competentes en la materia disponen de una base de datos en la que quedan patentes asuntos como regadíos sin derechos, pozos no autorizados y zonas con dobles derechos por superposición de aprovechamientos de aguas subterráneas y superficiales.

Adrados, Aldea Real, Carbonero de Ahusín, Cantimpalos, Encinillas, Escarabajosa de Cabezas, Escobar de Polendos, Fuentepiñel, Grajera, Juarros de Voltoya, Muñopedro, Navas de Oro, Ochando, Olombrada, Pinillos de Polendos, Sangarcía, Sauquillo de Cabezas, Turégano, Villovela de Pirón o Zarzuela del Monte son algunos de los municipios afectados.

A ellos se suman los pertenecientes a la Mancomunidad Las Lomas, entre los que se encuentran Mudrián, Sachonuño y Navalmanzano, pendientes de abastecimiento con toma del río Cega.

En algunos de ellos se está repartiendo agua embotellada, señala Equo, que asegura que algunas casas consistoriales se han llegado a convertir en "tiendas" y advierte de que el programa de sequía de la Diputación no siembre cubre todo el coste del agua en botella, lo que está generando un quebranto económico "importante" en algunos ayuntamientos.

El de Sanchonuño, según ejemplifica, gastó el pasado año unos 7.000 euros mensuales, mientras que otros decidieron no hacer pública la potabilidad del agua y guardaron durante meses el resultado de los análisis en un cajón. Otros, asevera, mezclan agua de pozos con distintos niveles de contaminación para mantenerse dentro de los parámetros legales y en muchos son los vecinos los que deben asumir el gasto junto con el recibo de la red pública.

Equo culpa a las administraciones competentes en la materia, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), de contribuir a esta situación por su "tibieza" y de dejar "indefensos y en absoluto abandono a ayuntamientos y a sus representantes públicos".

Según lamenta, la acción de la Administración autonómica en colaboración con la central no ha ido más allá de la delimitación de cinco zonas vulnerables que abarca trece municipios y la aplicación de un código de Buenas Prácticas Agrarias en el marco de la Directiva Europea 91/676 sobre protección de aguas.

"Esta tímida acción sirvió de muy poco; de hecho, los términos municipales con contaminación de sus aguas por purines se multiplicaron y la presencia de nitratos en los acuíferos ha ido en aumento", afirma.

Frente a la "degradación" de los ecosistemas acuáticos y la "ausencia de control" de los acuíferos y sus puntos de extracción, junto al incumplimiento de la Directiva Marco de Agua, dice Equo, "la Junta ha decidido una huida hacia delante utilizando las aguas superficiales de los ríos como solución a la contaminación de aguas subterráneas", una actitud que en su opinión denota la ausencia de un plan de calidad del agua y gestión sostenible.

La formación advierte además de que el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) carece de datos actualizados en su página web y que cierta información que contiene es "contradictoria, trasnochada y poco fiable".