Dicho documento, elaborado por los alcaldes de Córdoba, José Antonio Nieto, y Jaén, José Enrique Fernández de Moya, y los presidentes provinciales del PP en Málaga, Elías Bendodo, y Granada, Sebastián Pérez, y al que ha tenido acceso Europa Press, defiende que "la regeneración de la vida pública pasa también por decisiones de carácter ético en el funcionamiento de las administraciones", por lo que propone "articular fórmulas para evitar que se perpetúen en el poder unas acciones caducas, que cada vez alejan más a la sociedad y a sus instituciones del avance de su entorno".

En primer lugar, la ponencia considera "necesaria la limitación de los mandatos políticos por ley en puestos de elección indirecta como la Presidencia de la Junta de Andalucía, que no debe superar los ocho años" y subraya que esta medida "facilitará la entrada de nuevos equipos e ideas y una autoexigencia mayor por parte de políticos y ciudadanos".

Junto a ello, el PP-A se declara partidario de "redefinir el régimen de incompatibilidades y responsabilidades de políticos y altos cargos de la administración, desde los principios de prioridad a la dedicación a los asuntos públicos, y transparencia a la hora de comunicar las relaciones de carácter privado, propias o afines, con la administración".

En la misma línea, el documento sostiene que "los sueldos de los políticos y de los directivos también tienen que lograr salir del debate público permanente y establecerse bajo unos parámetros objetivos que impidan los excesos que se producen en muchos ámbitos políticos y el deterioro consecuente de la imagen pública".

"códigos de buen gobierno"

"La vigilancia de las contrataciones y convenios; las medidas tendentes a insistir en los principios de eficiencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia; las comisiones de investigación en el seno de las instituciones; y la dación de cuentas de los representantes públicos son exigencias de la sociedad e instrumentos para desarrollar políticas creíbles", subrayan los 'populares', que también hacen hincapié en la "necesidad de separar el papel partidista de cada militante, del institucional de cada gobernante o miembro de la oposición".

En su opinión, "en una sociedad vertiginosa, los gestores públicos no deben esperar al veredicto de las urnas años más tarde", por lo que destaca la importancia de "añadir responsabilidad, gestionar sin hipotecar el futuro de la sociedad y no conformarse ante el hecho de que se trata de medidas amparadas por la legislación, aunque en realidad se alejen de todo lo que supone eficacia en el gasto público y defensa del interés general".

Por todo ello, el PP-A aboga por poner en marcha "códigos de buen gobierno" en todas las instituciones "basados en la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad y la ejemplaridad" y propone "empezar por los miembros de nuestra organización, pero deben extenderse a todos los representantes de las instituciones que gobernamos y al conjunto del sector público".