La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración como imputado este miércoles al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, sucesor al frente de este departamento de Juan Márquez, que esta misma semana quedó en libertad imputado por los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.

Por medio de una providencia, consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este miércoles a Daniel Alberto Rivera y el próximo día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Además de Márquez, este viernes compareció ante la juez la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, quien se acogió a su derecho a no declarar.

En un auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada señaló que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".

Respecto a Rivera, la magistrada realiza una ampliación de su imputación y dice que, "pese al conocimiento que tendría" por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico".

Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones", y añade que, además, esta orden "no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno".

Rivera "comprometió el uso de fondos público para pagar ayudas ilegítimas"

"Además de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera "acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo indiciariamente la existencia de intrusos de determinadas pólizas de Fortia y tras la quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de varias pólizas investigadas" por la Dirección General de Trabajo, "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas".

A ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez Alaya, que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin perjuicio de que puedan estimarse de modo indiciario responsabilidades de otros cargos de la Consejería de Empleo, de la Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor documentación".

En el auto de su imputación, la juez argumentaba que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".

Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".

"DISPENDIO"

Tras aseverar que, "curiosamente, en dicha resolución, Rivera alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión", llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de Seguros "ha informado que mientras que el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162,03 euros, la prima de la póliza ascendió a 2.674.175,83 euros, conclusión de la que se extrae el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos cargos".