El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el decreto mediante el que se modificará el plan de contingencias por contaminación marina accidental, con la intención de "simplificar su estructura y organización" en busca de "mayor coordinación". La aprobación del nuevo texto se materializará antes de final de año.

Lo ha anunciado el máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha explicado que el plan tendrá una vigencia de cuatro años y ordenará la actuación de las autoridades gallegas en caso de contaminación marina accidental, simplificando su estructura organizativa con el fin de "ganar en eficacia".

Feijóo ha señalado que son tres las claves de este nuevo plan y se ha referido a la simplificación de su estructura, la "consolidación" de la base logística en el puerto cambadés de Tragove y el refuerzo de la formación.

Los niveles de activación también sufrirán cambios, quedando reducidas a dos fases: alerta y emergencia. La aprobación de este plan tendrá lugar antes de que finalice 2012, cuando se cumple el décimo aniversario de la catástrofe del Prestige. A mediados de octubre está previsto, además, que arranque el juicio oral por el accidente del petrolero.

Feijóo ha señalado la "importancia" de un plan de este tipo en esta comunidad autónoma debido a las características de su costa. "El corredor de Fisterra y los casi 1.200 kilómetros de costa que tiene Galicia hacen necesaria una preparación frente a este riesgo", ha concluído Feijóo.

Nueva estructura organizativa

La Consellería de Medio Rural e do Mar estará al frente de la nueva estructura, acompañado por otros departamentos autonómicos que también estarían implicados en caso de un derrame, como lo son las consellerías de Medio Ambiente, Sanidade y Presidencia.

Una representación de cada uno de estos entes formarán el principal órgano de actuación de la nueva ley, denominado Centro de Coordenación Operativa. Este cuerpo será el encargado de la toma de decisiones y contará con la participación de la Dirección Xeral da Mariña Mercante, la Demarcación de Costas en Galicia y los ayuntamientos afectados.

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