La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la petición de pena de prisión solicitada para los dos exmandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, Carlos F. y Alfredo M., acusados ambos de cometer presuntas irregularidades en el ejercicio de su trabajo. Para el primero se pide ahora 12 años de cárcel, frente a los 19 de antes; y para el segundo, cuatro años de prisión, frente a los ocho años solicitados previamente.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha acogido este jueves la penúltima sesión del juicio contra estos dos agentes y un tercer acusado, para el que finalmente se solicita una pena de cuatro años de cárcel. El fiscal ha expuesto sus argumentos para mantener la acusación contra ambos funcionarios y los motivos de la retirada o modificación de determinados delitos respecto a lo que inicialmente se había sostenido.

Así, el ministerio público retira algunos hechos, aunque mantiene la acusación contra Carlos F. por malversación de efectos públicos y falsedad de documento, delitos que pone en relación; por quebrantamiento de condena y por detención ilegal, solicitando en sus conclusiones definitivas, a parte de la pena de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta, 14 años de suspensión y dos años de suspensión de cargo público.

En el caso de Alfredo M., se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos, malversación de uso y cohecho, por los que la acusación fiscal pide, además de la pena de cárcel ya indicada, ocho años de inhabilitación especial, dos años de suspensión de cargo público y otros dos años de suspensión. No obstante, no considera acreditado que el delito de tenencia ilícita de armas ni algunos hechos iniciales.

La Fiscalía sostiene que ambos exmandos actuaron de forma irregular en intervenciones policiales en las que intervinieron, supuestamente quedándose con objetos requisados en registros; por no actuar para la detención del tercer acusado, alegando que era confidente; por presuntamente provocar una operación de venta de drogas, en el caso de uno; o por intentar obtener un beneficio haciendo de forma privada una investigación, en caso del otro.

El fiscal ha asegurado en el juicio que estos hechos nunca debieron ocurrir "pero ocurrieron" y ha aludido a que estas conductas se habrían visto favorecidas por "cierta tolerancia o ausencia de mecanismos de control", destacando el "corporativismo" observado. Además, ha dicho tener la sensación "inquietante" de que "son muchos los que piensan que ha sido un juicio exagerado" y que podría perjudicar a la Policía Nacional.

Ha explicado que hay dos bloques. Los hechos ocurridos en 2007, como que supuestamente se quedaron un televisor y un maletín de dos registros, que sí "pivotan" sobre las escuchas telefónicas impugnadas por las defensas al inicio del juicio; y los ocurridos en 2004 y 2005, como la operación tras la que Carlos F. supuestamente se quedó con el reloj de un supuesto narcotraficante, que, ha señalado, no se verían afectadas por una posible nulidad de las intervenciones.

El ministerio público ha hablado de cada hecho y estima que "no hay dudas" y sí existen pruebas de que la intención de Carlos F era "apoderarse" de un maletín de marca intervenido. Además, considera "inverosímil por absurdo" creer la versión de este procesado de que se metió en el bolsillo el reloj que perdió en un operativo un supuesto narcotraficante, Sophiam H., acusado en 'Ballena Blanca', y que luego se olvidó de él y se le cayó en un coche.

Respecto a Alfredo M., el fiscal ha indicado que hubo omisión del deber de perseguir delitos respecto a la actuación del anterior en el caso del reloj, ya que "se cree algo increíble". Sobre el televisor intervenido en otro operativo, estima que no hay pruebas de que quisiera apoderarse de él, pero sí de que se lo llevó para uso personal y no profesional, como el acusado declaró.

Por contra, no entiende probado que éste supiera de la detención del tercer acusado ni que ordenara hacer caso omiso a la reclamación que había sobre él, pero sí que el otro agente Carlos F. "proporcionó la evasión" de este procesado. Además, mantiene la acusación para este funcionario y para el tercer acusado por provocar una operación de venta de drogas.