La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración como imputada este viernes a María José Rofa, que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo y "mano derecha" del exdirector de este departamento Juan Márquez, que este mismo jueves quedó en libertad con cargos imputado por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, malversación y omisión del deber de perseguir delitos.

En un auto dictado el pasado día 12 de junio, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya relata que, "a pesar de su intentos" ante Márquez para que "se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo, ante la ausencia de justificación y seguimiento de las ayudas", lo cierto es que la imputada, "mano derecha" de Márquez, "termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores".

De este modo, la magistrada cree que Rofa "tuvo conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía", participando "en la continuidad en el uso" del convenio-marco de 2001 que regulaba las ayudas y "en dar apariencia de legalidad" al trabajo desarrollado por el anterior director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado mes de marzo.

A ello se suma, según la juez, que "no comprobó la legitimidad de los beneficiarios de las ayudas sociolaborales y de empresas, teniendo constancia de beneficiarios irregulares en las pólizas de renta colectiva", como los intrusos en el expediente de Calderinox.

"De hecho", dice la juez, el exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, intruso en el expediente de esta última empresa, "se presentó en su despacho a finales de 2009 o primeros del 2010 para saber cuándo iba a cobrar las cantidades que le habían prometido", según ella misma manifestó a la Guardia Civil.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la imputada podría optar por acogerse a su derecho a no declarar.

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