El juzgado de lo Social número de tres de Sevilla ha celebrado este jueves la vista oral relativa a la demanda promovida por el antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla Daniel Ponce, contra su último despido a manos de la actual directiva de la sociedad gestora del mercado central de abastos. En noviembre de 2011, el vigente director gerente de Mercasevilla, Manuel Blanco, resolvió despedir a Ponce y a la que fuera directora de proyectos de la fundación socioasistencial de Mercasevilla, por su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, junto al exdirector general de la lonja Fernando Mellet.

Simón Fernández, el abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, ha informado a Europa Press de que, en efecto, la vista oral se ha celebrado durante aproximadamente dos horas. Durante el juicio, según este letrado, la representación jurídica de Mercasevilla ha esgrimido que el auto de apertura de juicio oral dictado por la juez Mercedes Alaya contra los cuatro acusados por el presunto delito de cohecho perpetrado en el mercado central, entre ellos el propio Ponce, implica una "transgresión de la buena fe contractual" por parte del antaño director adjunto de la empresa.

El convenio "exige una condena en firme"

La representación de Ponce, como ha expuesto el propio Simón Fernández, ha defendido por su parte que la imputación de su cliente en estas diligencias sobrevino "muy anteriormente" al mencionado auto de apertura de juicio oral, toda vez que el propio convenio colectivo de Mercasevilla "no permite" un despido como este porque "exige una condena en firme" para proceder a la resolución de la relación contractual. En la misma medida, Fernández ha expuesto la prescripción de los hechos señalados para el despido y la sentencia del juzgado de lo Social número once que, ya en 2010, declaraba improcedente el primer despido promovido por Mercasevilla sobre Daniel Ponce.

En su papeleta de conciliación, resuelta sin avenencia, la defensa de Ponce reclamaba la nulidad del despido por "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica en su vertiente de cosa juzgada material", además de una posible "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad". De manera subsidiaria, reclamaba que fuese declarado improcedente el despido "por prescripción y falta de certeza de los hechos alegados". La vulneración de estos derechos fundamentales, según la papeleta, ocasionó "daños morales" al afectado por valor de 30.000 euros que eran reclamados en concepto de indemnización. Avisaba la defensa de Ponce, de cualquier modo, de la "imposibilidad jurídica de despedir dos veces a un mismo trabajador por los mismos hechos".

Apertura de juicio oral y posterior despido

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre de 2011, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla.

Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la funcionaria María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

"La imputación formal en un procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales, por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena fe contractual", señalaba el documento que resolvía los despidos de Ponce y María Regla Pereira. En ese mismo sentido, la directiva de Mercasevilla avisaba en este documento recogido por Europa Press, de que "estos hechos que se le imputan son constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe contractual tipificados en el convenio colectivo".

El despido inicial de ponce

Cabe recordar, al respecto, que ya a comienzos de 2010, el Juzgado de lo Social número once declaró improcedente el despido que Jordi Maymó, entonces director general de Mercasevilla, había consumado sobre Daniel Ponce el 6 de octubre de 2009, extremo que derivó finalmente en su readmisión en el organigrama de la sociedad mixta. No obstante, la propia sentencia que declaraba improcedente este despido admitía la existencia de "irregularidades" en la justificación de gastos cargados por Ponce a las cuentas de Mercasevilla, que habría tolerado en este caso esta situación.

Las causas alegadas entonces por Mercasevilla para el despido de Ponce aludían a la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa", concretamente a Carmen V.M., y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial, en alusión a las diferentes líneas de investigación que pesaban y siguen pesando sobre la gestión de Mellet y Ponce al frente de la compañía.