El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con los votos favorables del PSOE, el PP y el PA, pero la negativa de IU-CA, su adhesión a una ampliación de cinco a diez años para el periodo de devolución de las liquidaciones negativas derivadas de la participación en los tributos del Estado correspondiente a los años 2008 y 2009.

Este aspecto ha sido introducido, por vía de urgencia y por acuerdo de los grupos políticos, junto al punto séptimo del orden del día, relativo a un informe de la Intervención General sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto general de la Diputación correspondiente al ejercicio 2011.

Una docena de millones menos

Como ya había expuesto el Gobierno provincial socialista, la Diputación afronta un escenario en el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 reducen en cerca de 12,5 millones de euros sus aportaciones a la institución provincial, pese a que tal cuantía ya figuraba en el presupuesto general de la administración provincial para el año en curso. En este mismo documento presupuestario, la Diputación contemplaba 17,8 millones de euros dentro de un calendario de pago diseñado para devolver, en cinco años, las liquidaciones negativas derivadas de la participación en los tributos del Estado correspondiente a los años 2008 y 2009, cuyo montante global se eleva a 89 millones de euros en el caso de la Diputación de Sevilla.

Dado el caso, y ante la incidencia relativa a la carencia de esos 12,5 millones de euros ya presupuestados, los grupos políticos de la Diputación provincial han debatido una iniciativa para que la institución se adhiera a una ampliación a diez años del periodo de devolución de estas liquidaciones negativas de la participación en los tributos del Estado. Tal medida implicaría una rebaja de 17,8 millones de euros a algo más de ocho millones de euros en las cuotas anuales de devolución.

Los requisitos de la adhesión

Manuel González Lora (PSOE), diputado de Hacienda, ha señalado que la mencionada reducción de las aportaciones estatales a la Diputación provincial obligan a la institución a acogerse a esta moratoria en la devolución de las liquidaciones negativas, si bien ha avisado de que los "requisitos" impuestos por el Estado para acceder a esta ampliación del plazo de devolución tendrá un impacto sobre la Diputación y, por ende, sobre los ayuntamientos. El Gobierno central del popular Mariano Rajoy, según ha manifestado, "está hipotecando a largo plazo a los ayuntamientos y diputaciones, que ya sólo tienen margen de maniobra para sobrevivir".

Manuel Domínguez, portavoz del Gobierno provincial socialista, ha abundado en este aspecto avisando de que esta maniobra a la que la Diputación se ve obligada "va a repercutir en muchas cosas comprometidas con los ayuntamientos", porque al caer 12,5 millones de euros las aportaciones estatales, la Diputación no tiene otro remedio que "replantear los presupuestos desde este momento hasta diciembre", toda vez que "los criterios exigidos por el Gobierno central para esta moratoria son un roto tremendo para la Diputación y, por consiguiente, para los ayuntamientos".

Iu llama a la rebelión

Manuel Rodríguez, portavoz de IU-CA, ha abogado, por su parte, por actuar "con valentía" y "exigir esta moratoria al Gobierno central sin que nos apriete las tuercas", dado que la ampliación del plazo de devolución supondría un "sacrificio" de cerca de 28 millones de euros a lo largo de diez años en concepto de intereses y otros aspectos. "Cuando las leyes son tan injustas, hay que oponerse a esas leyes", ha proclamado.

José Leocadio Ortega, diputado popular, ha reclamado entonces "lealtad institucional" y ha avisado de que todo el conflicto deriva de que el anterior Gobierno central del PSOE "malanticipó" en 2008 y 2009 a la Diputación de Sevilla las cuantías ahora en liza. "La moratoria es buena para la Diputación y hay que cumplir las condiciones que exige el Estado porque fueron aprobadas por las dos fuerzas mayoritarias". "Es un camino duro, pero es el correcto", ha manifestado en defensa del saneamiento de las administraciones públicas.

A

Quién defender

En este punto, Alberto Mercado, portavoz del PA, ha reprochado a Ortega que "defienda a Rajoy" en el seno de la Diputación en lugar de defender "a los alcaldes y concejales", dado el impacto de esta maniobra sobre las cuentas de la Diputación y, a continuación, sobre las economías municipales. "Usted no tiene que defender a Rajoy, sino a los alcaldes y concejales de Sevilla", le ha dicho recriminando, además, que para el PP sea la banca la verdadera "prioridad".

Finalmente, ha tomado la palabra el propio Rodríguez Villalobos, quien ha señalado que los planes económicos de la Diputación para el periodo 2011-2015 se han visto "desbaratados" con esta caída de las aportaciones estatales y la necesidad de recurrir a la mencionada moratoria en la devolución de las liquidaciones negativas. Para Rodríguez Villalobos, el Estado ha hecho "la puñeta" a la Diputación de Sevilla, porque "si sabemos esto el 1 de enero, ponemos pie en pared ese mismo día".

Finalmente, la adhesión de la Diputación a la ampliación a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de la participación en los tributos del Estado correspondiente a 2008 y 2009 ha sido aprobada con los votos favorables de los diputados del PSOE, el PP y el PA, toda vez que los representantes de IU-CA han votado en contra.