Los concejales Manuel Sánchez y Gonzalo Hernández han rechazado hoy haber recibido petición alguna de trato de favor por parte de empresarios y personalidades que pudieran haberse visto beneficiados por las modificaciones irregulares realizadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid que están bajo investigación judicial y, en la línea de lo manifestado por otros excompañeros de corporación, han sostenido que su voto afirmativo en distintos trámites estuvo siempre guiado por informes técnicos y la disciplina de grupo.

Las testificales de ambos munícipes y la del arquitecto municipal Pablo Luis Gigosos, todos ellos en calidad de imputados, han sido prestadas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, y en presencia de sus respectivos letrados defensores y de la fiscal de Urbanismo, Ana Valle. Los tres, una vez cumplido el trámite, han declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El primero en declarar ha sido Gonzalo Hernández, cuyo interrogatorio se ha prolongado por espacio de cuarenta minutos, mientras que Sánchez, actual responsable de Seguridad y Movilidad, ha tenido que soportar casi una hora y veinte minutos de continuas preguntas, algo que, tal y como ha explicado el letrado de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Carlos Castro, se justifica en el hecho de que éste, aunque en 2003 no era responsable de Urbanismo, asumió desde 2007 parte de dichas funciones.

Así, el abogado que ejerce la acusación popular, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que las respuestas ofrecidas por ambos ediles "han aportado muy poco" respecto de la línea seguida por los exconcejales Tomás Punzano, Marisa Ramírez y José Carlos Muñoz, quienes alegaron ante el mismo juez el pasado día 21 de junio que votaron sin mucho conocimiento de lo que aprobaban y confiados en los dictámenes de los técnicos.

"Cuando se eleva el rango o la función de la persona que declara, ésta no sólo deposita su confianza en sus compañeros de grupo sino que la extiende también a los informes técnicos", ha advertido con ironía el acusador popular, quien, además, ha explicado que los dos concejales que han declarado hoy han negado mantener vinculación económica con las personas que están detrás de las operaciones urbanísticas investigadas y también han rechazado haber dispensado a éstas un trato de favor.

En el caso del arquitecto Pablo Luis Gigosos, su testifical apenas ha durado más de doce minutos, circunstancia que la acusación popular considera lógica puesto que "era muy difícil" que dicho técnico, director del Servicio de Obras, aportara algo a la investigación porque ni siquiera trabaja en el Área de Urbanismo y, por tanto, nada tiene que ver con cuestiones de planeamiento ni licencias.

El alcalde,

El día 12

Para el próximo día 12 de julio está previsto el interrogatorio del propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, que ha sido incluido por el juez en la lista de personas que tendrán que declarar como imputadas por esta causa y cuyo interrogatorio, a partir de las 09.30 horas, coincidirá con la concentración ante el Edificio de los Juzgados que ha sido convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid.

Hasta la fecha son ya diecisiete personas las que han testificado como imputadas en dichas diligencias abiertas por Instrucción número 1, que contemplan también una nueva citación para los dos principales imputados, el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el arquitecto Luis Álvarez Aller, quienes prestarán declaración el día 4 de septiembre, a las 11.30 horas.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

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