El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a dos años de prisión al propietario de una empresa constructora al que una comunidad de propietarios de Santander le entregó 30.000 euros para una obra de reparación de fachadas, que no comenzó.

Según relata la sentencia, en febrero de 2008 el condenado suscribió un contrato de obras con la comunidad, por un precio que ascendía a 51.088 euros, (sin impuestos, ni licencias de obra u ocupación de vía), y la comunidad le abonó 30.000 euros.

Meses después aprobaron otro contrato, en el que incluían el abono de 2.889 euros, por los permisos, proyecto y la fianza solicitada por el Ayuntamiento de Santander para las obras, de reparación de la fachada del inmueble.

En ese contrato se fijó como fecha límite para el inicio de las obras el 15 de enero de 2009, con un plazo de ejecución de dos meses y una cláusula de penalización por retrasos.

Pero la obra no comenzó y el acusado, en lugar de devolver las cantidades, dispuso de ese dinero para su propio beneficio, según señala el fallo judicial, por lo que se le condena por un delito continuado de apropiación indebida a dos años de prisión y a indemnizar a la comunidad.