Los sindicatos UGT y CCOO emprenderán acciones judiciales contra el interventor de la Consejería de Innovación, Ciencia, Empresa y Empleo de la Junta de Andalucía "si altera el contenido del acuerdo del 14 de febrero de 2011", que suponía el cierre a la planta automovilística de Santana Motor y su parque de proveedores.

Así lo han anunciado este jueves en un comunicado conjunto las federaciones andaluzas del metal de CCOO y UGT, que critican que, "lejos de atenerse a verificar y aplicar lo acordado, se está extralimitando en sus funciones al plantear la revisión de algunos puntos del protocolo del 14 de febrero de 2011". Así, afirman que, "tras haber tenido conocimiento de que éste ha planteado alterar el contenido en lo referente a la revisión anual de las coberturas del Plan de Prejubilaciones de Santana, ambos sindicatos le recriminan estar extralimitándose en sus funciones y no centrarse sólo en verificar".

De esta manera, han recordado que el interventor es el encargado de autorizar y fiscalizar los gastos que representan la puesta en marcha de los acuerdos, "una tarea que tiene bloqueada en algunos aspectos fundamentales al requerir una serie de información —en algunos casos de complicada cumplimentación— que se han logrado resolver con celeridad" por parte de las organizaciones sindicales y la Asociación de los trabajadores afectados.

Al respecto, han añadido que "siendo esto legítimo, no lo es alterar los acuerdos de forma unilateral e injustificada ya que los acuerdos cumplen escrupulosamente con las normas y, especialmente, con las órdenes que regulan las ayudas solicitadas".

Así las cosas, los sindicatos han insistido en "la importancia de concretar la aplicación de los acuerdos en su totalidad, ya que la situación económica y social del colectivo es insostenible, habiendo trabajadores sin ningún ingreso que tienen que afrontar además pagos como los del convenio especial con la Seguridad Social que agrava aún más su subsistencia".

Además, han avisado de que "esa falta de concreción, más allá de los prejubilables, está afectando negativamente al conjunto de las actividades económicas de la comarca hasta el punto de poner en riesgo empresas y empleos de la zona". Por todo ello, MCA-UGT y la Federación de Industria de CCOO han requerido poner en marcha de manera inmediata todas la actuaciones alcanzadas en el protocolo del 14 de febrero, "que suman ya 18 meses de retraso, pues su contenido fue el resultado de un esfuerzo considerable por parte de todos los que participaron en la negociación".