Hacienda y Administraciones Públicas retendrá durante al menos cinco años la participación mensual en los ingresos del Estado a los ayuntamientos con deudas a proveedores pero que no se han sumado al plan de pago, un quinquenio que se prolongará lo necesario hasta que satisfagan la deuda y durante el cual, además, pagarán también intereses.

Más de 4.600 ayuntamientos se sumaron al plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno para zanjar esta deuda millonaria con miles de empresas, pymes y autónomos. Para ello, suscribieron un crédito con una entidad bancaria para satisfacer su deuda, con un tipo de interés del 5,9 por ciento, y tuvieron que aprobar un estricto plan de ajuste en el que aseguraban la devolución del préstamo cumpliendo además el objetivo de déficit.

Otros cerca de 2.300, sin embargo, o no presentaron este plan o si lo hicieron, Administraciones Públicas se lo rechazó. Se abrió así una repesca para que los consistorios subsanaran los problemas y pudieran sumarse al plan, pero sólo lo hicieron 178. Todos los demás, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, verán reducida la financiación mensual del Estado un 50 por ciento.

El mecanismo que se les va a aplicar se publica hoy en el BOE y entra en vigor mañana. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará el importe de la deuda con proveedores de cada ayuntamiento e iniciará la retención de su financiación mensual. Ese dinero se transferirá al fondo para la financiación de pago a proveedores hasta que el municipio salde su deuda.

El plazo previsto para ello es de cinco años, que podrán reducirse si el consistorio afectado realiza amortizaciones, pero también podrá ampliarse si es necesario. Además, estos ayuntamientos deberán pagar el mismo interés que los municipios que sí se han sumado al plan de pago, del 5,9 por ciento.

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