Son miles las familias desahuciadas en España en los últimos años; aproximadamente unas 350.000 entre 2007 y 2011 según el Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos que tienen que pasar por el trago amargo, como pocos, de ver como se les echa de su casa, como quedan en la calle y casi siempre con una deuda pendiente por pagar de su hipoteca al banco.

En esa situación extrema, ante un desahucio, la mayoría querría ayudar; pero no todos. Y no hablamos de los bancos. Existen empresas de servicios jurídicos que están timando a familias en proceso de desahucio.

Lo ha denunciado en el Congreso Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El partido catalanista alerta de que se están produciendo "timos" perpetrados por algunas empresas de servicios jurídicos que ofrecen apoyo a familias sometidas a procesos de desahucios de sus viviendas y se "aprovechan de su desesperación".

Según consta en una proposición no de ley presentada para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Esquerra ha detectado que algunas empresas están accediendo a datos de las viviendas en proceso de desahucio mediante los edictos públicos y se comunican con los afectados para ofrecerles "un hipotético apoyo jurídico que evite el procedimiento de embargo".

Pero detrás de esa falsa solidaridad se esconden otros propósitos. Según los independentistas catalanes, "este apoyo, lejos de ser efectivo, es un timo que aprovecha la desesperación de las personas afectadas para sacar un rédito económico".

ERC lo considera "absolutamente vergonzoso e inmoral" y exige al Ejecutivo que adopte todas las medidas oportunas para controlar a este tipo de compañías y para perseguir las actuaciones fraudulentas y de mala praxis.

Finalmente, la formación considera necesario establecer mecanismos para que los afectados por procesos de desahucio reciban una información "adecuada" y asesoramiento legal tanto sobre los embargos como sobre las prácticas engañosas que se producen.