Los retrasos de ayuntamientos, delegaciones, gobiernos y demás instituciones públicas a la hora de pagar ya no perjudican solo a los cobradores. Estos impagos, que han aumentado con la crisis, son también una de las principales causas por las que el número de asuntos ingresados en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la región (que se encargan de los pleitos de particulares contra la Administración pública)  hayan aumentado un 27% en solo un año, al pasar de los 31.352 casos de 2010 a 39.743 en 2011, según consta en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), presentada este miércoles.

"El tapón es tal que el retraso acumulado ya supera los cinco años, y hay causas que no se empezarán a juzgar hasta 2017", explicaba el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira.

"Esto resulta muy preocupante y hay que ponerle remedio lo antes posible. Una persona no puede estar esperando cinco años a que se resuelva su caso. En ese tiempo su vida puede haber cambiado muchísimo", detalla Vieira, que también señaló los impagos de la Administración Pública como una de las causas de este colapso.

Además, estos impagos se dan en todos los ámbitos, incluso en la propia área de Justicia. En mayo de este año los trabajadores de la empresa Esabe, encargados de la limpieza de los juzgados de la región, convocaron una huelga indefinida por retrasos en el cobro de sus nóminas. De hecho, en la comunidad hay más de 7.000 casos de retrasos en el pago de salarios por parte de los poderes públicos, como ya informara en febrero de este año 20 minutos.

Vieira también destacó el "exceso de litigiosidad" que se vive en la región, pese a la disminución total del número de casos ingresados en todas las jurisdicciones (penal, civil, laboral...): un 2,56%, al pasar de 1.537.520 casos en 2010 a 1.498.228 en 2011. Y es que, pese a la bajada, Madrid es la segunda comunidad de España en la que se abren más pleitos, solo superada por Andalucía, por lo que Vieira ha vuelto a pedir medidas para que "se reduzca el número de casos que llegan a los juzgados".

La razón de este descenso generalizado, según Vieira, es que "con la crisis se ha vuelto muy costoso acceder a los tribunales. Por ejemplo, en un caso de impago entre particulares, la gente se coarta de acudir a los juzgados porque existe una alta posibilidad de que la parte contraria se declare insolvente, algo que no sucede en las causas del contencioso, ya que la parte contraria es la Administración Pública. Por eso las causas en este ámbito han crecido tanto".

El aumento de la carga de trabajo en lo contencioso-administrativo llama más la atención si se tiene en cuenta que el número de asuntos a tratar venían bajando desde 2009 debido a la disminución de los casos de Extranjería, que también lleva esta jurisdicción.

Frente al subidón de lo contencioso-administrativo, en la jurisdicción civil se presentaron 226.794 casos frente a los 275.583 de 2010. Un 17,7% menos. Esta es una de las mejores pruebas de hasta qué punto ha afectado la crisis a los madrileños cuando se trata de acudir a juicio, ya que la jurisdicción civil es la que suele llevar los casos que se dan más habitualmente entre particulares, como divorcios, contratos, arrendamientos...

En cuanto a los delitos, faltas, y robos (causas penales), en 2011 hubo un pequeño aumento, pero casi imperceptible, del 0,48%. Lo que también llama la atención, puesto que "en un clima de crisis como el que vivimos, que no haya más desorden social resulta sorprendente", explican fuentes del TSJM.

El año pasado se ingresaron 1.098.948 casos de este tipo en los juzgados, frente a los 1.093.694 de 2010. Lo único que aumentó fueron los atracos en domicilios y comercios, un 296%, de 120 a 476. En cuanto a los Juzgados de lo Social (casos laborales), se registró un descenso del 8,05%, aunque el TSJM apunta a que este año habrá más pleitos por la reforma laboral.

Los magistrados también han destacado el "preocupante estado" en el que se encuentran los juzgados de la región: "Obsoletos y en un estado de conservación deficiente", afirman. No solo hablan de problemas de accesibilidad y espacio, sino también de una climatización deficiente, una situación de inseguridad y de peligro del personal e incluso de robos. Como excepciones, sitúan a los Juzgados de Colmenar Viejo (creados hace siete años) y los de Fuenlabrada, inaugurados en 2004.