El diputado regional del PSOE y coordinador del área económica del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha considerado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, debe explicar el motivo "por el que le quita a los funcionarios de Castilla-La Mancha un derecho que tienen el resto de los funcionarios de España y que ella misma sigue teniendo a día de hoy, como funcionaria y exalto cargo de dos Ministerios del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid".

Molina se ha manifestado así a preguntas de los medios sobre una enmienda del PP para eliminar el complemento al que tienen derecho, como en el resto de España, los funcionarios de carrera que han podido ser en algún momento alto cargo del Gobierno.

Sobre las casi 150 enmiendas presentadas por los socialistas castellano-manchegos a los Presupuestos de la Junta para este año 2012 —que durante esta jornada se están debatiendo en la Comisión de Economía del Parlamento regional—, el diputado ha reconocido que no tienen esperanzas "de que ninguna sea aceptada porque Cospedal lleva un año gobernando instalada en la soberbia y la prepotencia políticas".

Por ello, ha dicho, "las enmiendas del PSOE tienen como objetivo evitar el despido de médicos, maestros, orientadores o profesionales de la Ley de la Dependencia y los servicios sociales. Quieren evitar la privatización de hospitales, el cierre de urgencias en los centros de salud, de plantas de hospitales y de quirófanos. Intentan frenar la privatización de la Educación o el cierre de escuelas rurales".

Según ha informado el PSOE en un comunicado, Molina ha señalado que las Cuentas de Castilla-La Mancha para este año 2012 son "obsoletas, al estar discutiéndose en julio y no cumplirse ya a estas alturas de año las previsiones de ingresos de las que hablan los Presupuestos".

Pero para el diputado socialista, y como el de Rajoy en España, este proyecto es, sobre todo, "injusto, puesto que le sube los impuestos a las clases medias y trabajadoras mientras dan barra libre a los defraudadores fiscales que no han contribuido a pagar hasta ahora el estado del bienestar".

A su juicio, "con un techo de gasto de 5.800 millones de euros se parte por la mitad una región cuyo nivel de prestación de servicios ronda los 9.000 millones de euros, y se desmantelan y se le abre la puerta a hacer negocio con servicios públicos esenciales como la Educación, la Sanidad o la aplicación de la Ley de la Dependencia".