El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que hay indicios de un "escándalo" en la concesión de ayudas a la minería del carbón en la etapa del PSOE en el Gobierno y ha exigido una fiscalización especial del Tribunal de Cuentas.

Según ha relatado en el Congreso, entre 2004 y 2007 se concedieron 1.802 millones de euros de ayudas a distintas empresas y, de ese dinero, la Intervención General del Estado (IGAE) abrió 47 expedientes en los que se detectaron irregularidades por 490 millones.

Hernando sostiene que el Ministerio de Industria que entonces dirigía Miguel Sebastián abogó por reclamar una parte de esas ayudas al admitir irregularidades, en torno a 121 millones de euros, pero como había discrepancias en el seno del Gobierno el asunto llegó al Consejo de Ministros y, siempre según el PP, se decidió archivar todos los expedientes investigados por la Intervención General.

Tiene mala pinta

Para el dirigente 'popular', se trata de un "escándalo" porque supone una cuantía "enormemente importante" en el sector "más subvencionado del conjunto de la Industria" y porque también hay indicios de "dejación de funciones" por parte del propio Consejo de Ministros. "Esto es muy grave y tiene una pinta muy mala", ha dicho.

Por todo ello, el PP quiere que el Gobierno remita al Congreso todos los expedientes abiertos por la IGAE más las actas de Consejo de Ministros donde se decidió sobreseer los expedientes. Además, pedirá la comparecencia del actual responsable de la Intervención para que informe sobre tramitación, rango de discrepancias y la opinión de la IGAE y las razones que llevaron a archivar esos expedientes.

Paralelamente, presentará una iniciativa en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas para que esta institución proceda a fiscalizar las ayudas relacionados con esos 490 millones de euros bajo sospecha.

Hernando ha querido dejar claro que el hecho de que este "escándalo" surja justo ahora no tiene nada que ver con las protestas de los mineros por el fin de las subvenciones, que ya han costado la baja de un senador al Grupo Popular. "Esto no tiene que ver con los mineros, sino con empresarios que han utilizado dinero de manera ilegal y con un Gobierno que ha tapado todo eso", ha asegurado.

A su juicio, la minería es un sector que ha recibido "múltiples subvenciones" y, cuando se piden esfuerzos muy importantes a los ciudadanos, se debe tener "techo de cristal" para conocer los detalles de esas ayudas y tratar de que no se pierda dinero público donde no se debe. "Quizá por no haber actuado diligentemente en el pasado, como en este caso, estamos como estamos", sostiene.