El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha asegurado que la situación de la tesorería de Castilla-La Mancha es "mala" porque el Gobierno de María Dolores de Cospedal sigue teniendo mucha gente a la que pagar, objetivo en el que centra su trabajo.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, Romaní ha explicado que aunque Castilla-La Mancha, tras "dificultades tremendas", ha hecho frente a vencimientos de deuda del primer y segundo trimestre del año, la situación de su tesorería no es "buena".

El consejero ha dicho que a pesar de que con el mecanismo de pago a proveedores el Gobierno de Castilla-La Mancha ha podido pagar "la mayor parte de lo que debía", continúa adeudando cantidades del 2011 y del 2012.

"Por ello la situación de la tesorería no es buena y será buena cuando no debamos nada a nadie y tengamos todas las facturas al día; y eso es en lo que trabajamos", ha defendido.

OTROS 692

Millones de deuda

"Tenemos crédito con los bancos pero no tenemos crédito suficiente para poder pagar todas las deudas pendientes que debemos", ha dicho Romaní, que ha añadido que a la deuda acumulada de 10.800 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 se añadirán otros 692 millones de euros de este año, lo que es un "problema" para que la región pueda cumplir con el objetivo de convergencia de deuda.

Es por ello que ha asegurado que a día de hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha no cumple con el objetivo del 13 por ciento de endeudamiento sobre el PIB que marca el Gobierno, aunque ha precisado que ese objetivo está sujeto a convergencia de las comunidades autónomas.

"Mientras sigamos en déficit el endeudamiento seguirá creciendo, y no estamos en condiciones de reducir deuda. De lo que se trata es de ajustar el presupuesto de tal manera que sea el menor posible y acumular así la menor deuda posible", ha concluido.

El responsable regional de Hacienda ha recordado las CCAA trabajan con el Ministerio de Hacienda en la posible creación de un instrumento que facilite el acceso a la financiación a estas administraciones, cuya puesta en marcha se está retrasando por la situación de los mercados.