El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo central es el que tiene el "grueso" de la deuda pública por lo que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería dirigirse a sus ministros para que sean ellos los que "pisen el acelerador" contra el déficit en lugar de hacer referencia en este sentido a las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas momentos antes de la junta de accionistas del PITA, en Almería, Ávila ha señalado que es hora de "hablar claro" y "desvelar" algunas cuestiones, por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que concrete qué significa "pisar el acelerador" para las comunidades autónomas, que soportan tres de los ocho puntos del déficit del PIB, según sus cálculos, mientras que el resto pertenece al Estado.

"¿Por qué tiene tienen que apretar el acelerador las comunidades autónomas en los recortes?", se ha cuestionado el titular andaluz de Economía, quien ha abogado por otra parte en incentivar políticas que generen crecimiento tal y como recomiendan ciertos organismo internacionales. "Ese debería ser el camino", ha dicho antes de rechazar los "recortes" y las políticas con las que se "evidencian dificultades" de cara a los acreedores.

Así, ha recomendado al Gobierno central que empiece a "mirar para su propia casa" en lugar de reclamar esfuerzos a las comunidades autónomas que, en el caso de Andalucía, no prevé un avance en recortes, según ha señalado. "No hay en la Junta ningún elemento en ese sentido ni reflexión", ha finalizado el consejero.

En este sentido, ha calificado de "máxima hipocresía" las acusaciones vertidas del PP contra la Junta de Andalucía ante el cese de 413 de agentes locales de promoción de empleo (ALPE), ya que, según ha argumentado, ha sido el Gobierno central el que ha "retirado" la financiación para las políticas activas de empleo que tiene que desarrollar la Junta andaluza.

Sobre este asunto, ha recordado que tanto PSOE como IU presentaron enmiendas para mantener dicha financiación en los PGE y que fueron "rechazadas" por el PP, un documento en el que en su disposición final "dice textualmente que los promotores de empleo finalizan sus contratos el 30 de junio de 2012", según se ha referido antes de mostrar sus esperanzas a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se "ablande" y permita financiar las contrataciones.