Lanbide-Servicio Vasco de Empleo suspenderá de manera cautelar la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a 3.637 perceptores que han "incumplido" la ley, al negarse a participar en un plan de empleo, estar ilocalizables o no presentarse a su cita con su orientador profesional sin causa justificada.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha indicado que, en términos económicos, la magnitud de esta nueva operación de control representa un montante de 30,60 millones de euros al año.

En la primera medida de control, acometida durante el primer trimestre del año, Lanbide suspendió de manera cautelar a otros 2.031 perceptores de la RGI por encontrarse ilocalizables, ya que ninguno de ellos respondió a los requerimientos del Servicio Vasco de Empleo a través de cartas certificadas.

El Gobierno vasco ha precisado que la vinculación por ley de estas prestaciones a la activación laboral obliga a estar localizable y empadronado en un municipio vasco para iniciar procesos de orientación personalizada, formación y empleabilidad. El volumen económico de esa primera operación de control ascendió a 17,28 millones.

El Ejecutivo ha recordado la intención de ligar las prestaciones sociales a la activación laboral y por ello, se les está incluyendo en planes de empleo a los beneficiarios de las prestaciones y se les ha diseñado un programa de orientación laboral, pionero en el Estado, que pretende dar servicio este año a 27.000 perceptores.

Tras esta segunda oleada de control, el personal de Lanbide ha iniciado la suspensión cautelar de la prestación a 5.668 perceptores por incumplir la ley, el 9,7 por ciento del total de titulares en el País Vasco. Desde que el Servicio Vasco de Empleo se hizo cargo de la gestión íntegra de estas prestaciones el pasado diciembre, el "ahorro" a la sociedad vasca que suponen estas campañas de control en las ayudas sociales se eleva a 47,88 millones de euros al año, el 12,3 por ciento del presupuesto destinado el año pasado a esta partida.

Asimismo, el Departamento de Empleo ha precisado que Bizkaia "lidera" las irregularidades en las ayudas sociales con ocho de cada diez casos.

"Lanbide sigue trabajando para devolver a la vida activa a personas que han estado mucho tiempo alejadas de ella. Y para ello, la filosofía fundamental es el tránsito de un modelo basado en el subsidio a otro basado en el empleo a través de una actitud personal de activación que mejore su posición con respecto al empleo. Esa labor de acompañamiento recae en el Servicio Vasco de Empleo", ha recordado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.

La consejera ha indicado que hay que cumplir la ley y que la ley es "un doble derecho; el derecho a la Garantía de Ingresos y también a la inclusión activa, pero también basada en la actitud personal y corresponsable". "Por lo tanto, quien no dé una respuesta positiva a la activación, Lanbide le suspenderá cautelarmente su prestación porque así lo dice la ley", ha advertido.

La titular de Empleo y Asuntos Sociales y presidenta del consejo de administración de Lanbide ha asegurado que el sistema de cobertura y protección vasco es "muy amplio, protege intensamente a las personas en situación de vulnerabilidad, pero también es un sistema que debe ser exigente en el cumplimiento de la ley y que debe determinar con claridad que detrás de cada nómina de RGI hay personas que viven permanentemente en Euskadi y que además están dispuestas a ser activadas para el empleo".

Planes en zonas especialmente desfavorecidas

Por otra parte, el Gobierno vasco ha informado de que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo inició durante el primer trimestre del año un plan de acción local de empleo en nueve zonas desfavorecidas de Euskadi, las que concentran la mayor tasa de desempleo. Este programa, que se enmarca dentro del Plan Local de Empleo, busca la activación de 1.500 desempleados.

Al menos el 30 por ciento de los participantes debían ser perceptores de RGI o personas procedentes de un ERE de extinción o de un cierre de empresa. Por ello, durante el proceso de selección el personal de Lanbide contactó con cientos de desempleados, muchos de ellos perceptores.

Sin embargo, entre el colectivo perceptor de RGI, hubo 451 personas que rechazaron sin justificación la posibilidad de integrarse en estos programas, por lo que se les ha suspendido de manera cautelar la prestación.

Plan piloto de empleabilidad en bilbao

Por otra parte, Lanbide desarrolló durante los primeros meses del año un plan piloto para conocer y mejorar las posibilidades de empleabilidad de perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en el área de Bilbao, donde se concentra casi el 30 por ciento de este colectivo en Euskadi.

El Ejecutivo ha señalado que este programa experimental benefició a 2.500 perceptores y sirvió asimismo como "punta de lanza" para próximos proyectos de mejora de la empleabilidad de beneficiarios de esta prestación económica.

Durante el proceso de selección de las personas participantes, 336 perceptores rechazaron la posibilidad de formar parte del mismo, por lo que se ha procedido a su suspensión cautelar de acuerdo a la legislación vigente.

Lanbide ha añadido que su red de 41 oficinas se ha marcado el objetivo de orientar a 27.000 perceptores en 2012 a través de su plantilla de orientadores profesionales. Hasta la fecha se ha citado a más de 19.000 perceptores para concertar una cita e iniciar su proceso de activación laboral. De ellos, 2.780 se han negado o han estaban ilocalizables, por lo que también se les ha abierto un proceso de suspensión cautelar.

Extranjeros expulsados que cobraban la rgi

Asimismo, en su labor de control de la RGI, el personal de Lanbide ha detectado a 70 delincuentes probados, todos ellos expulsados del Estado por una orden judicial, que seguían cobran esta prestación económica. La condena por la comisión de delitos es uno de los motivos para la suspensión de la concesión de la RGI.

Estas 70 personas expulsadas por haber cometido uno o varios delitos tienen una orden de expulsión del Estado por un periodo de diez años. La expulsión de todos ellos se produjo antes de diciembre, cuando la gestión de la RGI y la PCV pasó de ayuntamientos y diputaciones a Lanbide de manera íntegra.