La Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía saluda que el Consejo de Gobierno de la Junta haya autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. No obstante, el sindicato considera que la Junta de debe "dar un paso más" y pide su ampliación al ámbito de las enseñanzas universitarias.

Pues, según un informe elaborado por el gabinete jurídico del sindicato, que fue utilizado como base para pedir al Defensor del Pueblo que tramitase también un recurso contra el citado Real Decreto-Ley, esta norma vulnera varios artículos de la Constitución, como el del respeto al principio de jerarquía normativa y el relativo a las competencias de las comunidades autónomas.

Si bien, la Junta, en el caso de las universidades, también recurrirá en el recurso de inconstitucionalidad los artículos relativos a la creación y mantenimiento de los centros y estructuras, y financiación de becas y ayudas con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas.

CCOO considera que el recorte atenta contra el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que la educación es un derecho fundamental. Asimismo, el gabinete jurídico del sindicato en su informe estima que el Real Decreto Ley vulnera la autonomía universitaria y de las comunidades autónomas.

Así, el informe apunta que el RDL vulnera el artículo 86.1 de la Constitución; el artículo 81 de la misma, en cuanto no se pueden modificar leyes orgánicas mediante real decretos ley; el artículo 27 de la Carta Magna, en cuanto al derecho a la educación y autonomía universitaria; el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical reconocidos en los artículos 37.1 y 28.1 de la Constitución; y supone una infracción de principio constitucional de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, recuerda que el RDL 14/2012 regula la jornada de los funcionarios, así como las tasas universitarias y las titulaciones, "materias que son competencias exclusiva de las comunidades y de las universidades", en virtud de la autonomía que les reconoce la ley.

Por otro lado, la organización sindical denuncia que el Ministerio de Educación ha ordenado las medidas educativas "prescindiendo de la negociación colectiva y de lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público". Más aún, se critica desde el sindicato que "ni siquiera el Gobierno informó previamente a los representantes legales de los trabajadores sobre dichas medidas que afectan a las condiciones laborales de cientos de miles de empleados públicos y de la enseñanza".

Blanco considera que "sobran las razones para que el recurso que ha aprobado presentar el Gobierno de Andalucía ante el Tribunal Constitucional contra el RDL 14/2012 se amplíe al ámbito de las enseñanzas universitarias".

Por ello, solicita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo prepare la argumentación jurídica y lo traslade al próximo Consejo de Gobierno.