La defensa de la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe ha pedido la absolución de su defendida y ha asegurado que ésta "pudo equivocarse en muchas actuaciones como alcaldesa por su propia formación, por falta de experiencia política en mandos de responsabilidad y por la confianza que siempre tuvo en las personas que gobernaron con ella", pero se ha mostrado convencido de que "no se puede demostrar ni una sola conducta dolosa".

El letrado de la exregidora ha apuntado que "pudo tener quiebras de determinadas actuaciones administrativas, un descuido en la vigilancia o falta de control en algunas actuaciones", pero ha indicado que ha echado en falta que las acusaciones, sobre todo el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, acreditaran que se daban los requisitos para los delitos imputados en este sentido. "No me basta una acusación genérica", ha dicho.

En su informe final este martes, el abogado de Yagüe ha pedido una sentencia que sea "reflejo de la seguridad jurídica de la que la sociedad tiene una necesidad imperiosa" y que "no se hagan novedades". Ha asegurado que en este procedimiento judicial "se ha tratado de construir en los escritos de acusación un historial perverso del Ayuntamiento de Marbella para enjuiciarlo penalmente como si se tratara de un cadalso de la Edad Media".

Ha manifestado que en sus años de ejercicio "lo que no conocía este letrado es que había un derecho penal de ciudad, de siglas y de antecedentes históricos". Ha considerado que se ha producido "una criminalización generalizada" de los actos administrativos y una extensión de los tipos delictivos, al tiempo que ha criticado que se pida al Tribunal "que invente derecho, que formule nuevas interpretaciones".

Por tanto, ha apuntado a que se ha hecho "una especie de acusatio generalis" como "cajón desastre". "Creo que se adultera, y lo digo desde todo respeto, la Constitución, pensando que la pena tiene un factor simbólico ante una sociedad mal informada, donde el auténtico acontecer de los procedimientos penales se lleva a cabo con una selección de actuaciones que son válidas solo y exclusivamente para venderse en un mercado mediático", ha apostillado.

El letrado de la exalcaldesa, que se enfrenta a una petición de 16 años de prisión, ha asegurado que era "lógico" que confiara en el principal acusado, Juan Antonio Roca, que era su asesor, añadiendo que "también confiaron en él cargos relacionados con la Comunidad Autónoma andaluza que en ningún momento insinuaron siquiera su destitución". "En ese mundo en el que vive Marisol Yagüe es como creo que debemos encardinar sus conductas", ha apostillado.

Ha aludido a la detención de la exalcaldesa y ha analizado cada uno de los delitos por los que se le acusa. En cuanto al de cohecho, por supuestamente recibir dinero de Roca, ha manifestado que en las conversaciones telefónicas "no hay ni una sola referencia a las cantidades entregadas a los concejales, y esto es para mi es una duda más que razonable", destacando que sus cuentas están "claras". Tan sólo existe, ha dicho, la declaración del principal acusado.

El letrado ha señalado que no se han acreditados por qué actos administrativos fue supuestamente remunerada. Se ha referido a los informes de los peritos de la Agencia Tributaria y ha cuestionado la cadena de custodia, sobre todo en cuanto a los archivos informáticos. Además, ha aludido al empresario Ismael Pérez Peña y a su acuerdo con las acusaciones "que ha venido a ensuciar el procedimiento", destacando que su declaración "no tiene valor de nada".

Sobres con membrete del sas

Por su parte, la defensa de la que fuera primera teniente de alcalde marbellí Isabel García Marcos ha negado la conexión de los sobres con dinero hallados en su casa, que no reconoce como prueba ya que el registro ha sido impugnado, con los que presuntamente entregaba Roca, justificando que casi todos los primeros "tenían el membrete del SAS" y eran "muy antiguos", por lo que "no podían haber sido entregados" por el principal acusado.

Ha pedido también una sentencia absolutoria para García Marcos, que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel, y se ha referido a las "contradicciones" en las declaraciones del presunto cerebro de la trama, quien admitió que dio dinero a los portavoces del tripartito, recordando las "lindezas" que Roca dedicaba a García Marcos en las intervenciones telefónicas y lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la validez de declaraciones de coacusados.

Ha destacado en los distintos actos administrativos en los que se achaca la participación de su patrocinada no hay perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento marbellí y ha subrayado que cuando entró en el Gobierno municipal, tras la moción de censura contra Julián Muñoz, no tuvo responsabilidad en urbanismo. Ha dicho que a partir del tripartito "hay un giro de 180 grados en la política urbanística" y no se dio ni una sola licencia de obras irregular.

Ha insistido en que en todas las actuaciones urbanísticas en las que tuvo intervención su defendida y el resto de exediles acusados "no ha existido ni la más mínima irregularidad", recordando que el tripartito se encuentra "centenares" de licencias concedidas según la revisión del PGOU en la época GIL. Asimismo, ha indicado que siempre siguió las indicaciones de los técnicos, que, ha precisado, no están acusados en este procedimiento.

Esta sesión ha comenzado con la exposición del letrado del acusado Máximo Filippa, que tuvo que ser interrumpida por el presidente del Tribunal, José Godino, para que se avisara a un médico para atender a la procesada Montserrat Corulla, que se había mareado, al parecer, por ansiedad. Primero fue asistida por García Marcos, que es médico, y, posteriormente, por un profesional de la clínica forense y por efectivos sanitarios. Al reiniciarse la sesión, Godino ha indicado que la acusada ya se encontraba mejor.