El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha defendido este lunes la legalidad del sistema de ayudas investigadas por la juez Mercedes Alaya, aunque ha reconocido que, "a estas alturas, sigue sin conocer el contenido del convenio-marco", pues "ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó".

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, a preguntas de la juez Mercedes Alaya, el imputado ha contestado que "a estas alturas, sigo sin conocer el contenido del convenio-marco del procedimiento específico", aunque las fuentes han señalado que estas afirmaciones no están recogidas literalmente en el acta de la declaración, aunque sí el sentido de sus palabras.

Durante su declaración, que se ha interrumpido a las 15,00 horas para reanudarse a las 16,30 horas, Márquez ha asegurado que recibió "indicaciones" por parte del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para "dar cobertura administrativa a los compromisos ya adquiridos", a lo que se suma que el propio exconsejero le dijo que "donde no hubiera convenio, que lo hubiera".

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla le ha preguntado igualmente si no le preocupaba la legalidad del procedimiento, a lo que ha contestado que "no" porque lo que le preocupaban "eran los temas financieros", y ha señalado que fue en febrero de 2009 cuando "se hizo una idea del déficit administrativo existente en la Dirección General de Trabajo".

"no he visto un interventor en mi vida"

De este modo, puso el referido "déficit administrativo" en conocimiento del exconsejero y del entonces viceconcejero del ramo, Agustín Barberá, a lo que les comunicó este extremo de forma verbal en las reuniones que mantenían los lunes, a lo que se suma que realizó un informe a tal efecto, que "no consta" en las actuaciones, según las fuentes.

Preguntado por si se realizaba una fiscalización previa de las ayudas, Márquez ha dicho que "no lo sabía, porque para eso estaban los funcionarios; yo soy un político", tras lo que ha asegurado que "no he visto un interventor en mi vida".

Asimismo, ha dicho que él no dirigía la Dirección General de Trabajo, sino que la "coordinaba", y, preguntado sobre si el procedimiento de las ayudas lo conocían el presidente de la Junta y el resto del Gobierno andaluz, tal y como dijo Fernández, ha aseverado que "si lo ha dicho Fernández, será así".

"normalizado y válido"

Por último, la magistrada le ha preguntado si "no es verdad que había un vacío administrativo y que las ayudas no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", a lo que ha respondido que "no creo que los funcionarios se lean el BOJA".

El abogado del imputado, Manuel Pérez Cuajares, ha explicado a los medios que Márquez, en su declaración, ha defendido que el sistema de ayudas era "perfectamente legal", por lo que era un sistema "normalizado y válido".