El alcalde de Ponga, Cándido Vega, de Foro, ha sido absuelto de los tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de prevaricación y continuado de desobediencia por ordenar en 2008 el acondicionamiento y limpieza de las pistas de acceso a las majadas ganaderas del concejo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo considera que no existe delito y responsabiliza al regidor y a los dos trabajadores de una falta continuada de desobediencia leve, que castiga con multa de veinte euros diarios durante dos meses.

El juez considera que si el Ayuntamiento procedió a la limpieza de las pistas sin esperar la autorización de la Consejería de Medio Rural fue para "dotarles de un camino más accesible a las majadas". Sobre el delito contra los recursos naturales, afirma que las pruebas presentadas "en ningún momento han concretado qué daño grave se causó con los trabajos realizados a alguno de los elementos del espacio natural protegido", requisito exigido expresamente por el Código Penal para que exista figura delictiva.

La Sala opina que el comportamiento del alcalde "no es constitutivo del delito de prevaricación", porque la autorización de la Consejería no era "un trámite formal esencial", al poder ser subsanable.

Finalmente, la resolución judicial estima que si bien es cierto que Vega y los dos empleados del Ayuntamiento desobedecieron la orden de los guardas forestales de no ejecutar los trabajos, "solamente perseguían, con su oposición a la orden de los agentes de la autoridad, facilitar el acceso a las majadas a sus vecinos ganaderos".

El abogado de Cándido Vega, Carlos Rodríguez Rivas, se ha mostrado "plenamente satisfecho" con esta sentencia, porque en ella "se pone de manifiesto que no existía delito alguno y que en todo momento desde el Ayuntamiento se actuó en interés de los vecinos".

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, solicitaba para el regidor una condena de tres años de prisión, diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público, una multa de 9.720 euros y el pago de una indemnización al Principado de Asturias de 37.185,04 euros, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación y uno continuado de desobediencia.

En el banquillo de los acusados se sentaron igualmente otras dos personas, empleadas del Ayuntamiento pongueto, por un delito continuado de desobediencia. En concreto, el fiscal pedía para los otros dos acusados, M.C.V. y E.E.M., la pena de diez meses de prisión a cada uno, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los hechos

El 5 de febrero de 2008, el acusado, como alcalde de Foro del Ayuntamiento de Ponga, solicitó a la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio.

El 30 de junio de 2008 se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Ponga, en el que Cándido V. D. propuso la aprobación de la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las pistas de acceso a las majadas donde hubiera ganadería del concejo, a través de los empleados del Ayuntamiento y con la utilización de la maquinaria municipal.

El pleno aprobó por unanimidad la propuesta de la Alcaldía de acondicionar y limpiar las pistas ganaderas del Concejo, siempre que se contara con los permisos preceptivos correspondientes.

El día 31 de julio, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural y Pesca comunicó al Ayuntamiento de Ponga que, a los efectos de determinar si era necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, deberían remitir a dicho servicio un documento de evaluación medioambiental realizado por técnico competente.

Sin embargo, C. V. D., "pese a saber que no contaba con la preceptiva autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca, que él mismo había solicitado, y pese a saber que para obtener, en su caso, dicha autorización era necesaria una serie de estudios medioambientales, a los efectos de poder evaluar el impacto de las actuaciones pretendidas, ordenó la realización de las mismas"m, según la fiscalía.

Así, sobre las 11 horas del 6 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias observó que en el Monte denominado Puerto de Ventaniella, una pala excavadora manejada por el acusado M. C. V., empleado del Ayuntamiento de Ponga, estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional.

Sólo órdenes del alcalde

Este agente de la Guardería de Medio Natural levantó acta de adopción de medidas cautelares y ordenó al palista que parase su actividad de forma inmediata, retirando la pala del monte, a lo que se negó M. C. V., alegando que él solo recibía órdenes del alcalde.

Al día siguiente, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala seguía trabajando y que estaba 200 metros más arriba de donde se había mandado parar el día anterior. De nuevo se dirigieron los agentes de la autoridad al palista ordenándole detener las obras, "haciendo éste caso omiso y continuando con las mismas", según la fiscalía.

Los Guardas se entrevistaron con el alcalde de Ponga advirtiéndole de la ilegalidad de los trabajos y comunicándole que se había dado orden de paralizar los mismos, pese a lo cual, el día 20 de agosto se comprobó que los mismos seguían su curso y que se habían abierto unos 120 metros de pista para permitir el paso de vehículos por la campera, en el tramo inicial.

De nuevo el 17

De agosto

Sobre las 14.30 horas del 17 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias observó que en el monte denominado Puertos de Arcenorio y Fonfría, con una pala excavadora, se estaba procediendo a ensanchar el camino tradicional que va del collado de La Guaranga al Puerto de Arcenorio, de una anchura aproximada de entre uno y dos metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de tres metros, apta para vehículos todo terreno, en una longitud de 1.400 metros.

Al día siguiente, 18 de agosto, tres agentes de la Guardería de Medio Natural volvieron al lugar y, ante la manifiesta ilegalidad de las obras que se estaban llevando a cabo por carecer las mismas de las preceptivas autorizaciones administrativas, levantaron acta de adopción de medidas cautelares y se ordenó al palista, el acusado E. R. M., contratado por el Ayuntamiento de Ponga, que parase su actividad de forma inmediata, abandonando éste la zona voluntariamente.

Según la Fiscalía, los Guardas también se entrevistaron con el alcalde de Ponga, advirtiéndole de la ilegalidad de las obras llevadas a cabo y notificándole el acta de adopción de medidas cautelares en la que se acordaba la paralización de los trabajos. "Pese a ello, el día 20 de agosto, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala había realizado trabajos con posterioridad".

Más actividad

Sobre las 11 horas del 23 de agosto de 2008, el agente de la Guardería de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural observó que en el monte denominado Sobrelafoz y Faeda, con una pala excavadora, se estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional que va desde Calviado a Solafoz, de una anchura aproximada de entre 0,5 a dos metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de tres metros, apta para vehículos todo terreno.